Francia adopta una ley para proteger a sus empresas de las OPAs hostiles

El Parlamento francés ha adoptado hoy un proyecto de ley que permite dotar a las empresas galas de más medios para defenderse de las Ofertas Públicas de Adquisición de carácter hostil. Francia ha dado luz verde a la nueva normativa en un momento en que Bruselas no cesa de lanzar advertencias a los Gobiernos de los Estados Miembros en contra del "nacionalismo económico".

El texto, una transposición al derecho francés de una directiva europea de 2004 que había sido aprobado previamente por la cámara de los diputados, ha sido adoptado hoy por el Senado con los votos de la mayoría conservadora. La oposición de izquierdas votó en contra de la nueva ley, promovida por el ministro de Economía y Finanzas francés, Thierry Breton. Los conservadores defendieron el proyecto como "equilibrado", mientras que la izquierda denunció su "inspiración liberal".

En virtud de esta nueva norma, toda empresa que quiera lanzar una OPA deberá notificar sus intenciones a la Autoridad francesa de los Mercados Financieros (AMF), el regulador galo. Además, las empresas que sean blanco de una OPA podrán emitir rápidamente Bonos de Suscripción de Acciones (BSA), lo que les permitirá aumentar su capital y encarecer así el coste de la operación para el grupo comprador.

Al defender el texto, Breton dijo que permitirá a las empresas francesas "jugar con igualdad de armas y no ser penalizadas por las reglas de derecho para su desarrollo en el extranjero". El ministro afirmó que la futura norma implica "progresos reales, concretos y sobre todo operacionales" y que se trata de dar "todas las bazas al dinamismo de nuestras empresas y permitir que desarrollen una base accionarial a la vez amplia y estable".

La aprobación definitiva de la ley "anti-opas", como algunos medios la han denominado, se produce en medio de la oleada de OPAs hostiles en que están inmersos los mercados europeos desde hace unos meses. Bruselas no para de advertir a los Gobiernos comunitarios en contra del favoritismo a las empresas nacionales, alegando que el futuro comprende la creación de grandes gigantes europeos. Tanto el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, como diversos comisarios, han acusado repetidamente a los Estados de poner en marcha este tipo de prácticas, e incluso podrían abrir investigaciones para analizar las que puedan ir en contra de la legislación comunitaria.

Mientras el grupo italiano Enel baraja una opa sobre Suez, ésta acordó con la gasista francesa GDF, con mediación del Ejecutivo galo, la fusión de ambas compañías, haciendo que desde Italia surgieran acusaciones contra el "proteccionismo económico" de las autoridades francesas. El Ejecutivo español también ha sido acusado de nacionalismo económico tras aprobar el nuevo Decreto Ley mediante el que aumenta las funciones de la CNE, el regulador energético español, para que éste pueda examinar la OPA lanzada por la alemana E.On sobre Endesa. Por otra parte, el grupo siderúrgico anglo-indio Mittal Steel también ha lanzado una OPA hostil para hacerse con Arcelor.