Rechazado el recurso de Repsol contra la detención de sus ejecutivos en Bolivia

La Corte Superior de Santa Cruz rechazó ayer el recurso interpuesto por los abogados de la empresa petrolera Repsol YPF, presidida por Antonio Brufau, para suspender la persecución "indebida e ilegal" de sus principales ejecutivos, que fueron convocados a declarar en una investigación sobre presunto contrabando de carburantes. La compañía hispano-argentina cree "desmedida" la actuación de la justicia boliviana.

"Perdieron el recurso. Se declaró improcedente porque no tenían razón jurídica", declaró José Centenaro, uno de los tres fiscales encargados de la investigación y anunció que se proseguirá con la misma y con la convocatoria a otros ejecutivos en la continuación del proceso. "La empresa acata y acepta el fallo pero no lo comparte y continuará haciendo uso de todos los recursos e instrumentos necesarios", se informó oficialmente en las oficinas centrales de Repsol en la ciudad de Santa Cruz.

También se explicó que la respuesta al recurso presentado no tomó precisamente en consideración los aspectos referidos a la persecución indebida del representante de Repsol en Bolivia, Julio Gavito, ni del gerente de operaciones de Andina, el argentino Pedro Sánchez. Los jueces de la sala segunda en lo civil de la Corte Superior rechazaron el recurso e hicieron notar a los abogados defensores que la vía es el amparo constitucional o el recurso de nulidad, procesos estos que tienen plazos comparativamente más largos que los recursos de habeas corpus.

Dentro de las investigaciones sobre el presunto delito de contrabando de petróleo crudo, entre junio de 2004 y junio de 2005, el juez Zenón Rodríguez ha llamado a declarar a otros dos ejecutivos: Miguel Cerbían y Selenita Céspedes, aunque en la fiscalía se había mencionado que serían otros cuatro ejecutivos. La Aduana de Bolivia solicitó la investigación de este caso de supuesto contrabando de petróleo crudo, por un valor de 9,2 millones de dólares, y el viernes solicitó abrir una segunda investigación sobre la presunta evasión de impuestos por la importación de una planta de acondicionamiento de gas. La empresa petrolera, la mayor productora de gas del país, deslindó toda responsabilidad en esta nueva investigación.

Una actuación desmedida

La petrolera Repsol YPF calificó ayer de "desmedida" la acción de la justicia boliviana en su filial Andina y denunció "una violación de normas elementales del debido proceso y de las garantías de defensa" de sus dos directivos acusados de un presunto delito de contrabando de petróleo, el español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez. Precisamente, ayer, la Corte Superior de Santa Cruz rechazó el recurso interpuesto por la petrolera para anular las órdenes de detención de ambos.

Gavito y Sánchez, presidente y gerente de operaciones de Andina, filial de Repsol YPF en el país andino, se encuentran en paradero desconocido desde el pasado jueves, cuando la fiscalía boliviana irrumpió en las instalaciones de la compañía, en la ciudad oriental de Santa Cruz, para detenerlos y llevarlos a declarar. La compañía se ha negado a comentar nada respecto a su posible paradero.

Los ejecutivos son investigados a raíz de una demanda interpuesta el mes pasado por la Aduana Nacional de Bolivia, que detectó indicios de una venta irregular de crudo por valor de 9,2 millones de dólares (7,7 millones de euros), supuestamente cometida entre junio de 2004 y julio de 2005.

Según una nota difundida ayer por Repsol YPF, "no se ha configurado el delito de contrabando, pues no se ha omitido el pago de tributo alguno, es decir, no hay daño económico al Estado", como lo demuestra el hecho de que "la Aduana ha reconocido en su denuncia y posterior querella que no se adeudan tributos de ninguna índole". "Todos los volúmenes exportados han sido autorizados por el órgano administrativo competente", el Ministerio de Hidrocarburos boliviano, agrega. En el comunicado, Repsol YPF considera "absolutamente injustificable que se haya dado curso a una causa penal cuando la propia denuncia y querella se refieren a una hipotética contravención que debe ser discutida en sede administrativa".