El Tribunal Superior de Madrid condena a Ruiz Mateos a tres años por la quiebra de Mundo Joven
El empresario jerezano anuncia que recurrirá contra esta sentencia "injusta y desproporcionada"
El TSJM condena al fundador de Rumasa, así como a Enrique Coca Autrén, a Carlos Solana Contreras y Antonio Sánchez Fariñas como autores de los mencionados delitos. A estos les condena a penas de dos años de prisión y multa de 4.800 euros.
El TSJM condena al fundador de Rumasa, así como a Enrique Coca Autrén, a Carlos Solana Contreras y Antonio Sánchez Fariñas como autores de los mencionados delitos. A estos les condena a penas de dos años de prisión y multa de 4.800 euros.
En un comunicado de prensa hecho público tras conocerse la sentencia, el empresario tacha ésta de "injusta y desproporcionada", recuerda que "no es firme y ha sido recurrida", y "lamenta la mala fe y mala interpretación" de esta decisión judicial.
La Audiencia Provincial de Madrid inició ayer el juicio al empresario jerezano José María Ruiz-Mateos por un presunto delito de alzamiento de bienes cometido en 1998 en la agencia de viajes Mundo Joven. El fiscal solicita para el fundador de Rumasa y para cada uno de los cuatro acusados, Enrique Coca Autran, Carlos Solana Contreras, María Teresa Gómez Barroso y Antonio Sánchez Fariñas, dos años y seis meses de cárcel, junto al pago de una multa de 6.480 euros.
Al inicio del proceso, el fiscal pidió también la restitución a la masa patrimonial de Mundo Joven -que presentaba entonces un pasivo de 4,2 millones de euros- de 1,1 millones de euros por la venta de un local propiedad de la agencia a través de una sucesión de empresas. Sin embargo, la sentencia no hace alusión a este punto.
Según el relato del fiscal, los acusados, "puestos de común acuerdo y con ánimo de beneficio ilícito, decidieron adquirir la empresa Mundo Joven", que tenía un pasivo superior a los 4,2 millones de euros. La empresa tenía además pendientes varios juicios ejecutivos reclamando diversas deudas, "situación que la sociedad compradora, Promociones Bal-Kas, cuyo administrador único es el acusado Enrique Coca, conocía y asumía expresamente". Así, prosigue el fiscal, Coca adquirió la agencia de viajes el 4 de diciembre de 1998 "por el precio de una peseta por acción, haciendo un total de 600 pesetas".
Del activo de la empresa formaba parte un inmueble en el número 22 de la calle de Alcalá sobre el que pesaba una hipoteca de 390.657 euros. Según el fiscal, "con el fin de hacer inútiles los derechos de los acreedores", el 7 de diciembre de 1998, Coca vendió dicha finca por el precio de la hipoteca a la empresa Promociones Bakony Mont, cuyo administrador único es el acusado Carlos Solana, que nunca canceló la hipoteca. Este, a su vez, vendió la finca en enero de 1999 y por el mismo precio, el de la hipoteca, "a la sociedad Innovaciones Dusseldor", administrada por Antonio Sánchez. Finalmente, esta última sociedad vendió la finca en junio de 2000 "a la entidad Caja de Castilla-La Mancha por 1.111.872 euros, siendo este comprador el que canceló la hipoteca". En todas las gestiones actuó como propietario y, "recibiendo el precio", el acusado José María Ruiz-Mateos, según el fiscal.
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