De la Rosa pide la suspensión del juicio alegando que seguía ordenes de Kuwait

El empresario catalán Javier de la Rosa ha pedido hoy la suspensión del juicio oral que se sigue contra él en la Audiencia Nacional, al considerar "vulnerados" varios de sus derechos de defensa en la pieza Oakthorn-Pimcinco-Prima Inmobiliaria y asegurar que "seguía órdenes que venían de Kuwait".

De la Rosa expuso personalmente su defensa, junto a su hija, Graciela, en la sesión celebrada hoy para examinar las "cuestiones previas" presentadas por las partes en la tercera pieza de las cuatro abiertas por el denominado caso Torras, que dirime responsabilidad civil por un importe mínimo de 453 millones de euros (75.372 millones de pesetas).

El empresario, para el que el fiscal pide 14 años de cárcel por un delito de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas, dijo haberse sentido "presionado" por los estados español y kuwaití. También insistió en que estos hechos ya fueron juzgados por un tribunal del país árabe, donde se le exculpó, y aseguró que el dinero de las operaciones aquí examinadas "sólo hizo una escala de 24 horas" en España.

En esta vista oral, los jueces habrán de determinar la legalidad de las operaciones Pincinco (presunta apropiación de 300 millones de dólares durante la Guerra del Golfo), Oakthorn (préstamo de 105 millones de dólares a la sociedad del mismo nombre) y la supuesta manipulación de las cotizaciones de Prima Inmobiliaria a principios de los años 90.

Además, el empresario, al igual que otras defensas, como la del antiguo abogado de Torras, Juan José Folchi, -para el que el Ministerio Fiscal pide también catorce años de cárcel- quitaron "legitimidad" a la actual representación del Grupo Torras para ejercer de acusación particular, puesto que -a su juicio- "no ha sufrido perjuicio económico" a diferencia de KIO "y el gobierno kuwaití".

Ambos, al igual que la representación del diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, para el que el fiscal solicita cinco años de cárcel, además advirtieron de la prescripción de los delitos que se le imputan, pues algunas de las operaciones se realizaron hace más de quince años.

Ya fueron considerados culpables

De la Rosa y Prado fueron considerados ya culpables de la operación Wardbase, consistente en el pago en 1992 a Prado y Colón de Carvajal de 1.900 millones de pesetas (11,45 millones de euros) a través de la sociedad instrumental Wardbase. Además de Wardbase, ha sido también juzgada la operación ICSA-Inpacsa, sobre el destino final de unas plusvalías de 7.782 millones de pesetas (46,7 millones de euros) obtenidas por la venta, en 1988, de la papelera ICSA por parte del Grupo Torras (propiedad entonces de la kuwaití KIO) a la irlandesa Smurfit.

Por esta operación fueron condenados, por apropiación indebida, De La Rosa, el ex consejero delegado de Torras Jorge Núñez Lasso de la Vega y el abogado Juan José Folchi. Queda por juzgar la denominada pieza Quail-ACIE, para la que se ha decidido ya la apertura del juicio oral para esclarecer el desvío de 65,44 millones de euros procedentes del Grupo Torras a través de Quail -empresa propiedad del empresario De la Rosa- y el paradero de otros 6,3 millones de euros, propiedad del Grupo Torras, sustraídos presuntamente a través de su filial Acie.