La Comisión Europea aprueba la reestructuración de Navantia, la rama militar de Izar

La Comisión Europea ha aprobado hoy formalmente las condiciones de reestructuración de los astilleros militares públicos integrados en la antigua Izar, y que se han traspasado este año a la nueva empresa estatal, Navantia, que había propuesto el ejecutivo español.

La Comisión afirma que las condiciones de la reestructuración se ajustan al artículo 296 del Tratado de la Comunidad Europea, que permite a los Estados miembros proteger sus intereses esenciales de seguridad relacionados con las industrias de la defensa, según un comunicado.

Límites a la actividad civil de Navantia

Las condiciones aprobadas por la CE, que tendrán una vigencia de diez años, implican entre otras cosas que las ventas de materiales civiles de Navantia no podrán exceder el 20% de la facturación de la compañía, y Navantia deberá comportarse además en sus actividades de acuerdo con las condiciones de mercado, lo que implica una contabilidad interna, separada para sus actividades civiles y militares.

Cada vez que firme un contrato para la construcción de un nuevo buque civil, deberá además comunicar a la Comisión un cálculo sobre los costes que asume, y tendrá que enviar una relación anual de las reparaciones de buques civiles que ha ejecutado. Además, la plantilla de la empresa no será superior a 5.562 personas.

Estas restricciones se imponen para garantizar que los astilleros militares no distorsionan el mercado civil aprovechándose de su mayor respaldo estatal. Así, la CE afirma que estas condiciones permiten a España proteger sus intereses de defensa, sin causar distorsiones indebidas de la competencia en el mercado de la construcción y reparación naval.

Plan de reestructuración

Hasta finales de 2004, Izar era la principal empresa de construcción naval en España, con once centros situados en Galicia, Asturias, País Vasco, Valencia, Murcia, Andalucía y Madrid, y una plantilla global de cerca de 10.700 empleados.

En 2004, sin embargo, la CE declaró que la empresa estatal, controlada por la SEPI, había recibido ayudas públicas ilegales por valor de 864 millones de euros, y exigió el reembolso con interese, lo que abocó a Izar a la quiebra financiera inmediata, que finalmente terminó provocando la reestructuración de todo el grupo.