Vivienda plantea crear una nueva categoría de VPO para familias con rentas medias

El Ministerio de Vivienda plantea la creación de una nueva categoría de casas protegidas con un precio un 20% superior al de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) y dirigida a familias con ingresos anuales comprendidos entre 31.000 y 37.000 euros, aproximadamente, lo que representa 5,5 y 6,5 veces el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM). El Plan de Vivienda 2005-2008 flexibiliza las condiciones de transmisión de VPO pero endurece algunos criterios de venta.

Así se pone de manifiesto en el borrador del Plan de Vivienda 2005-2008 que el Departamento de María Antonia Trujillo presenta esta tarde a los directores generales de las comunidades autónomas, en un encuentro que da inicio a un periodo de consultas y debate entre la Administración Central y los Gobiernos regionales.

El Plan de Vivienda 2005-2008 tiene como objetivo invertir más dinero en fomentar la política del alquiler que en el de compra de casas, y se espera que el próximo mes de junio el Consejo de Ministros autorice los objetivos y los gastos.

En concreto, Vivienda propone en el nuevo plan la creación de la vivienda de precio concertado, cuya superficie será similar a la que cuenta una VPO (90 metros cuadrados útiles), pero con un precio y unos requisitos salariales de acceso diferentes a las de la vivienda de protección.

Asimismo, aboga por la edificación de este tipo de casas en régimen de alquiler y de compra.El Gobierno financiará este tipo de casa desde la urbanización del suelo y se destinará a aquellas familias españolas que por sus rentas anuales no pueden acceder a una VPO, pero tampoco pueden comprar una casa en el mercado libre. Según datos del Ministerio de Vivienda, el 80% de las VPO's van a parar a manos de los ciudadanos con ingresos cercanos a 2,5 veces el IPREM.

Venta de la VPO después de 10 años

Otra de las novedades que incluye el borrador es la clasificación de la VPO durante toda su vida útil. Así, el Gobierno plantea flexibilizar las condiciones de transmisión de la vivienda, de manera que el propietario pueda venderla al cambiar sus necesidades habitacionales, pero endurece los requisitos del proceso de venta de la casa.

En concreto, propone que la VPO no se pueda vender en un periodo de 10 años posterior a su concesión, frente a los 15 años de media que regulan todas las comunidades autónomas, excepto por motivos justificados como movilidad laboral, víctimas de violencia de género o terrorismo o la modificación del número de miembros de la familia.

A partir de la primera década, la venta de pisos protegidos será posible si las políticas de vivienda de las comunidades autónomas cumplen con un requisito para evitar el fraude en ese proceso. En concreto, los gobiernos regionales deberán crear registros en donde se incluyan los datos de los ciudadanos que deseen acceder a una vivienda de protección, de manera que el propietario de la VPO no podrá elegir ni el precio de venta ni el comprador.

En el caso de que las comunidades autónomas no creen esos registros, el Gobierno no financiará ninguna de las actuaciones que en materia de vivienda lleve a cabo el ejecutivo regional, con el fin de invadir las competencias autonómicas. No obstante, esta medida no tendrá carácter retroactivo.

El precio de venta de la vivienda protegida corresponderá al precio actualizado de la casa, de manera que el Departamento de Trujillo propone actualizarlo según el Indice de Precios de Consumo (IPC) o imponer el importe mayor que exista en ese momento entre la tipología de viviendas protegidas.

Medidas de suelo y rehabilitación

En cuanto a medidas relacionadas con el suelo, el borrador contempla potenciar las ayudas a patrimonio de suelo público, así como subvenciones a la compra de terrenos para la construcción de VPO. En el área de la rehabilitación, incluye ayudas dirigidas a barriadas o centros históricos, y para casos aislados subvencionará las iniciativas de mejora de accesibilidad, eficiencia energética o aislamiento.

Las medidas que contempla el actual Plan de Choque para incentivar el mercado del alquiler se mantienen en este borrador, como las ayudas a los inquilinos y se flexibilizan las correspondientes al arrendador. No obstante, el Gobierno plantea como novedad en el documento que la renta de las viviendas protegidas suponga el 3% del precio de venta de la casa. De manera, que se ofertarán pisos de 80 metros cuadrados en Madrid por 400 euros.

Con el fin de controlar el gasto del Plan de Vivienda, el Ministerio de Vivienda espera crear una mesa nacional de seguimiento del plan con agentes sociales y comunidades autónomas, e implantará mecanismos de control bilaterales y multilaterales.

A pesar de esta vigilancia, el documento, según el Ministerio, se caracterizar por es flexible, lo que permitirá a las comunidades autónomas adaptarlo a su realidad, pero ejecutarlo según los criterios del Gobierno.