El TDC rechaza que Servired y 4B y fijen tasas de intercambio y revocará la de Euro 6000

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha denegado las solicitudes presentadas por Servired y 4B para fijar las tasas de intercambio -tarifas que se cobran entre sí los bancos por el uso que realizan sus clientes de las tarjetas para pagar en comercios y establecimientos, e incoará un expediente para revocar o modificar la autorización concedida a Euro 6000 en julio de 2001. Además, las entidades asociadas a Servired y 4B dejarán de aplicar las tasas actuales a partir del 15 de julio o serán sancionadas.

Las tasas de intercambio que cobran los bancos emisores de la tarjeta del cliente a los que proporcionan el terminal punto de venta al comerciante son fijadas por los tres medios de pago -Servired, 4B y Euro 6000-, pero al ser pactadas entre competidores requieren una autorización singular expresa del TDC. Al analizar las tarifas, el organismo de Competencia estudia especialmente si los costes están bien justificados, dado que la tasa de intercambio influye en las comisiones que los bancos trasladan posteriormente a los comerciantes cada vez que un cliente paga sus compras o servicios con tarjeta.

El secretario general de la Confederación Española de Comercio (CEC), Miguel Ángel Fraile, se ha mostrado satisfecho con la decisión del TDC "porque suponen para el comercio unos gastos de 600 millones de euros anuales". Ha apuntado que los costes de intercambio "no se ajustan a los principios de transparencia y reflejan un abuso por parte de las entidades, que están conformando así un cártel".

"Falto de objetividad, transparencia y lógica"

El TDC justifica la denegación a Servired y 4B en que el sistema propuesto para fijar las tarifas está "falto de objetividad, transparencia y lógica económica, y conduce a unas tasas de intercambio muy superiores a la autorizadas por la Comisión Europea para transacciones transfronterizas", según se extrae de sus resoluciones.

Por otra parte, el TDC admite que podría autorizar tarifas que se determinen de manera objetiva en función de los costes y riesgos inherentes a las transacciones correspondientes. A su juicio, los sistemas deberían establecer distintas tasas de intercambio para los cargos realizados con tarjetas de crédito y débito, al ser distinto el riesgo asumido en las transacciones realizadas por cada uno de estos medios de pago.