Izar convocará una junta a finales de marzo para aprobar la liquidación ordenada del grupo
Los administradores constatan la obligación de devolver las ayudas ilegales a Bruselas
El Consejo de Administración de Izar ha acordado convocar una junta de accionistas a finales de marzo o principios de abril para aprobar la liquidación ordenada del grupo, ante la notificación de Bruselas de la devolución por los astilleros públicos de 854 millones de euros en concepto de ayudas ilegales.
El Consejo de Administración de Izar ha acordado convocar una junta de accionistas a finales de marzo o principios de abril para aprobar la liquidación ordenada del grupo, ante la notificación de Bruselas de la devolución por los astilleros públicos de 854 millones de euros en concepto de ayudas ilegales.
En la reunión del máximo órgano administrativo de la sociedad, los consejeros analizaron la notificación de los dos expedientes de Bruselas que llevarán a Izar a un proceso de liquidación ordenada, de manera que según estable la Ley de Sociedades Anónimas, hay un plazo máximo de dos meses para que convocar a la junta de accionistas, que será la que dé luz verde a ese proceso de liquidación.
La aportación de fondos por parte del accionista de Izar, la SEPI, es imposible, ya que la legislación comunitaria prohíbe la entrada de capital público. Por ello, la opción prevista es la liquidación ordenada de la empresa, que permitirá la entrada de capital privado.
El anterior comisario de Competencia, Mario Monti, se había comprometido a retrasar la notificación de ambos expedientes al año 2005, ya que de no haberlo hecho, la devolución de las ayudas ilegales hubiera tenido que figurar en las cuentas de Izar de 2004, y habría provocado la quiebra inmediata de la empresa.
Segregación de astilleros
El plan del Gobierno para salvar el mayor número posible de puestos de trabajo incluye la división del grupo, y la supervivencia de los astilleros militares. La nueva sociedad que aglutinará los centros de Ferrol, Fene, San Fernando, Puerto Real, Cádiz y Cartagena está ya está inscrita en el Registro Mercantil, y la SEPI es ya su único accionista.
Izar se queda con los centros de civiles de Manises, Sevilla, Gijón y Sestao, y pasarán tras su disolución a manos privadas, aunque dicha operación deberá ser acordada con los sindicatos, como marca el acuerdo alcanzado entre éstos y la SEPI el pasado 16 de diciembre.
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