Solbes anuncia ante Monti una reforma de la normativa de defensa de la competencia en España

El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha anunciado hoy que la nueva regulación de defensa de la competencia que prevé adoptar el Gobierno podrá incluir cláusulas de salvaguardia en el control de concentraciones empresariales.

En un acto organizado por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), Solbes señaló que puede existir algún régimen específico, siempre que quede definido previamente en la norma, para evitar que las decisiones de las autoridades pierdan transparencia y predecibilidad. El ministro considera que el modelo español de defensa de la competencia está "relativamente maduro" y agregó que, quince años después de promulgar la Ley que regula esta política, "ha llegado el momento de reformarla", para adaptarse a la nueva realidad económica y a las últimas modificaciones de la legislación comunitaria.

La reforma, explicó, debe garantizar la seguridad jurídica a los operadores, respetar la transparencia en la toma de decisiones, mantener la coherencia del sistema y aumentar la eficiencia en la tramitación de los expedientes. El principal cambio consistirá en ceder al TDC las funciones de instrucción de los expedientes, que ahora ostenta el Servicio de Defensa de la Competencia, siempre respetando la separación de las fases de instrucción y resolución.

Además, el Ejecutivo pretende dotar a las autoridades de defensa de la competencia de "la estructura y los medios adecuados", indicó el vicepresidente. Cualquier cambio legislativo, añadió Solbes, se hará con la máxima transparencia y buscando el mayor consenso posible con el resto de fuerzas políticas y los agentes implicados.

Apoyo de Monti

El comisario europeo de Competencia, Mario Monti, quien también intervino en el acto, repasó la última reforma de la política de defensa de la competencia en la UE, que entró en vigor el pasado 1 de mayo, y se mostró interesado en los planes de reforma del Gobierno español, al que ofreció todo el apoyo de la Comisión. Explicó que la prioridad es ahora detectar las infracciones más graves, relacionadas con las concentraciones empresariales transfronterizas y los acuerdos de fijación de precios.

Uno de los cambios más relevantes, dijo el comisario, ha sido la supresión de la necesidad de las empresas de notificar a la Comisión sus acuerdos para obtener una autorización, lo que da más responsabilidad a las compañías, que deben asegurarse de que la operación no infringe la legislación, y reduce la burocracia. Monti destacó que se ha impulsado el papel de las autoridades nacionales de competencia, en estricta aplicación del principio de subsidiariedad, y confió en que este sistema pueda servir como ejemplo a otras políticas comunitarias.

Aludió también al "esquema de clemencia", vigente en la UE desde 1996, que ofrece incentivos, principalmente reducción de las multas, a las empresas que faciliten información para descubrir y desmantelar los acuerdos secretos de precios, y sugirió a Solbes que estudie la posibilidad de introducir mecanismos similares en la normativa española. Abogó por el establecimiento de sistemas de aplicación privada de la política de defensa de la competencia, para lo que será fundamental contar con la participación de los jueces nacionales.

El comisario se refirió, asimismo, a la Red Europea de Defensa de la Competencia, creada en 2003 con el objetivo de aumentar la colaboración entre las diferentes instituciones, nacionales y europeas, y asegurar la coherencia en la aplicación de las normas. Hizo también hincapié en la cooperación con países fuera de la UE, especialmente Estados Unidos, que funciona muy eficazmente, aseguró, a pesar de la existencia de algunas divergencias. Monti se felicitó por que en la recién aprobada Constitución Europea el principio de defensa de la competencia no haya perdido relevancia, sino que ha sido reforzado respecto al Tratado de Roma.