Las medidas del Gobierno contra la morosidad incluirán el pago de un tipo de interés disuasorio

Las medidas que prepara el Gobierno contra la morosidad en las operaciones comerciales contemplarán el establecimiento de un tipo de interés fijo y "disuasorio" sobre el pago a proveedores por parte de las empresas que incumplan las obligaciones sobre el tiempo de demora para su liquidación. Así lo ha explicado hoy el secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, al término de su primera comparecencia en el Congreso para explicar las principales políticas de su Departamento.

Dicha iniciativa contemplará el pago de un tipo de interés fijo, referenciado a otro establecido por el Banco Central Europeo, sobre el que se añadirán puntos porcentuales.

El secretario de Estado de Comercio ha puntualizado que dichos tipos de interés se aplicarían una vez vencidos los plazos y condiciones acordados entre las partes, y de acuerdo al respeto de su principio de libertad, para evitar un "excesivo desequilibrio en los poderes de negociación".

"Los plazos deben guardar racionalidad con el producto que se está comprando, y cuando pueda derivarse desequilibrio entre el proveedor y el establecimiento comercial es cuando se podría establecer un tipo de limitación", ha insistido.

El Gobierno tratará de que la trasposición de la directiva comunitaria de junio de 2000 se realice "lo antes posible", ha asegurado Mejía, ya que la UE ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haberla incorporado a su ordenamiento jurídico a mediados de dicho año.

Denuncia tramitada

El Tribunal de Luxemburgo ha admitido a trámite la denuncia del Colegio de Comisarios contra el Gobierno español, después de que la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) denunciara la falta de trasposición de la directiva.

El objetivo de la norma es corregir la posición de determinados operadores cuyo periodo de pago es muy amplio, que ahogan al productor y compiten deslealmente con el pequeño comercio, según ha indicado recientemente el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, en el Congreso.

Por su parte, la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso ha aprobado hoy una proposición no de Ley de CiU que insta al Gobierno a limitar a 30 días el plazo máximo en que las empresas deben cumplir sus obligaciones de pago en las transacciones comerciales, y a 60 días en el caso de que intervengan las administraciones públicas.