El Pleno del Congreso refrenda la renovación del Pacto de Toledo por cinco años

El Pleno del Congreso ha aprobado hoy con los votos de Partido Popular, el PSOE, CiU, PNV, Coalición Canaria y el Partido Andalucista la renovación por otros cinco años del Pacto de Toledo. Como ya ocurrió el martes en la comisión de seguimiento en la que se alcanzó el acuerdo, Izquierda Unida ha mantenido hoy en el hemiciclo su "abstención positiva", a la que se ha unido ERC, mientras que el BNG ha votado en contra. Así, el proyecto ha sido refrendado por 228 votos a favor, cinco abstenciones y seis en contra (dos del grupo gallego, y cuatro de diputados populares que se equivocaron).

El texto aprobado hoy apuesta por la defensa del sistema público de Seguridad Social, recomienda al Gobierno y a los agentes sociales un paquete de reformas para garantizar su viabilidad futura y rubrica el compromiso de las fuerzas políticas con representación parlamentaria a no utilizar las pensiones como "arma con fines electoralistas". El Pleno ha rechazado los votos particulares del PSOE (1), CiU (1), IU (3), PNV (2), ERC (1), BNG (1), Partido Andalucista (1) e Iniciativa per Catalunya (1).

El socialista tenía como objeto extender a todas las parejas de hecho, independientemente de su orientación sexual, el derecho a recibir pensiones de viudedad y orfandad. Izquierda Unida quería que se equiparen las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, se mantuvieran los 15 años para el cálculo de las prestaciones y se eliminaran los topes máximos de desgravación en los planes complementarios. El resto de grupos presento votos particulares que coincidían en una reclamación fundamental: que se respeten las competencias autonómicas en materia de gestión de la Seguridad Social y en el

pago de complementos asistenciales.

22 recomendaciones

El informe de la comisión no permanente del Pacto de Toledo recoge 22 recomendaciones, 15 de las cuales suponen la continuación de políticas iniciadas en el primer acuerdo logrado en 1995, y un epílogo comprometiéndose a revisar los resultados dentro de cinco años. Entre las nuevas recomendaciones, las principales apuestas son: crear una nueva figura para la protección social de las personas dependientes (a causa de su edad o invalidez); estudiar el impacto en la Seguridad Social de la entrada masiva de inmigrantes; analizar las carreras profesionales irregulares (empleo temporal, tiempo parcial o con periodos de paro); impulsar el empleo de las mujeres, y frenar las prejubilaciones.

La comisión parlamentaria, tras tres años de debates, buena parte de ese tiempo dedicado a escuchar a todo tipo de expertos y colectivos afectados, ha elaborado sus 22 recomendaciones para que el Gobierno, los sindicatos y la patronal las desarrollen. Dada la proximidad de las elecciones generales (marzo de 2004) y las declaraciones del actual Ejecutivo, el grueso de esos cambios no se producirá hasta la próxima legislatura.

Trabajar más tiempo

El mensaje es claro: para garantizar la viabilidad futura de las pensiones hay que trabajar más tiempo y más personas. De ahí que considere que debe ser un "objetivo prioritario" el crecimiento del empleo (es decir, el aumento de cotizantes), fundamentalmente de las mujeres y de los mayores de 50 años. Junto a ello, apuesta por la prolongación voluntaria de la vida laboral; por abundar en medidas para la jubilación gradual y flexible, y por acercar la edad real media de retiro (situada en España en los 63 años de edad) a la edad legal (que se mantiene invariable en los 65 años).

Los diputados que han elaborado este informe ponen un especial acento en el efecto negativo de las prejubilaciones. Piden que se ponga freno a ese mecanismo y a su utilización para ajustar plantillas, y proponen que no se permita el uso de recursos públicos para sufragar la expulsión prematura de trabajadores del mercado laboral. El punto más conflictivo —el aumento de los años de cálculo de la pensión— se ha saldado con una fórmula similar a la adoptada en 1995: "La Comisión se reafirma en la idea de que es preciso seguir reforzando el principio de contributividad como elemento básico para la preservación del equilibrio financiero del sistema".

"Seguir avanzando"

Con ese fin se recomienda "seguir avanzando en el objetivo de lograr una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización realizado, en la línea con lo que se ha venido haciendo en los últimos años". El primer paso lo dio el Gobierno socialista de 1985 con el aumento de dos a ocho años en el periodo de cálculo de las pensiones, y el segundo el Gabinete del PP de 1996 mediante un pacto con UGT y CC OO, que subió ese plazo de ocho a 15 años. Es decir, con el mandato de "reforzar la contributividad" se da vía libre a que un futuro Gobierno aplique un nuevo aumento, aunque el diputado de IU subrayaba ayer que se ha impedido que la recomendación hable de subir el plazo de cálculo a toda la vida laboral.

Respecto a las actuales pensiones, se propone mejorar las de viudedad y orfandad; dedicar al Fondo de Reserva el superávit "sin límite alguno", y acelerar el plazo de 12 años previsto para que el Estado asuma el pago de los complementos de mínimos y reducirlo a cinco años.