El ex vicepresidente de la Fundación ONCE afirma sentirse "estafado" por Gescartera

De Lorenzo afirma, en declaraciones a CNN+, que se siente responsable de que la Fundación invirtiera unas cantidades y de haber tomado una participación en las dos sociedades de Gescartera. No obstante, subraya que han sido "víctimas". "Hemos sido estafados en 540 millones y utilizados al embaucarnos con ese 10% de donación", ha añadido.

El ex directivo afirma que el primer contacto con Gescartera fue entre el delegado de Gescartera en Castilla y León, Javier Valenzuela y el ex director general de la Fundación, José Manuel Pichel, que también presentó su dimisión.

También asegura que fue Pichel quien le propuso "entrar" en Gescartera y aceptó, aunque puntualiza que fue una "autorización verbal" y que no tiene constancia de la existencia de ningún documento que acredite que la Fundación tiene "un justo título" que demuestre que posee un 10 por ciento.

Además, asegura que no sabía que Pichel era consejero delegado de la agencia de valores hasta el 2 de julio, y que no se reunió, "ni verbalmente ni por escrito", con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por último, puntualiza que su única reunión con miembros de Gescartera fue con su presidenta, Pilar Giménez-Reyna, que era "la que llevaba la voz cantante, la más expresiva y más dicharachera. Los demás señores tenían un actitud más prudente y callada", concluye.

Desconocían la inversión

Por su parte, la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) ha dicho hoy que su consejo general desconocía que la Fundación ONCE invertía su patrimonio en Gescartera y que poseía un 10% de su capital, pese a que su director general, José Manuel Pichel, era consejero de la agencia de valores.

Según fuentes de la ONCE, tanto Pichel, como el vicepresidente de la Fundación ONCE, Rafael de Lorenzo, presentaron su dimisión al consejo de esta organización después de que una investigación interna descubriera que les ocultaron las inversiones y la participación en Gescartera.

Al conocer estas irregularidades, el presidente del consejo de la ONCE, José María Arroyo, pidió a Pichel y a De Lorenzo que renunciaran a los cargos que ocupan, dimisión que se concretará el próximo lunes. La Fundación Once es uno de los principales afectados de Gescartera, donde ha perdido 540 millones de pesetas.

”Ceses inmediatos”

Por otro lado, el presidente de la asociación de consumidores ADICAE, Manuel Pardos, ha pedido el cese "inmediato" de los dirigentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por existir "indicios claros" de su implicación en el caso Gescartera.

Pardos ha anunciado que solicitarán la quiebra judicial de la agencia para obtener más recursos con que indemnizar a los afectados y añadie que pedirán en la Audiencia Nacional prisión para el resto de los imputados -Pilar Giménez-Reyna, Jaime García Morey y Anibal Sardón-, así como el embargo de sus bienes.

Mientras ADICAE vertía estas acusaciones, la CNMV, después de efectuar una investigación interna, exculpaba a dos técnicos, José María Ruiz de la Serna y Salvador Alcaraz, que habían trabajado en este organismo y que pasaron a formar parte de la plantilla de Gescartera.

No se deducen favoritismos

En concreto, la CNMV señaló que de la investigación "no se deduce" que Ruiz de la Serna -ahora apoderado de Gescartera- o Alcaraz "favorecieran" a las empresas del grupo Gescartera, ni a sus gestores o a sus socios. El organismo supervisor ha enviado a la Audiencia Nacional el informe con el resultado de estas pesquisas.

Por otra parte, la presidenta de Gescartera Dinero, Pilar Giménez-Reyna, volverá a declarar ante el del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional el próximo 13 de septiembre para aclarar aspectos del caso y contrastar información obtenida durante la investigación.

Respecto a las diferencias sobre la duración y composición de la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Gescartera, el secretario general adjunto del grupo socialista en el Congreso, Antonio Cuevas, ha declarado que es "muy difícil" que en tres meses pueda efectuar su trabajo.

Además, ha recalcado que el lunes pasado habían alcanzado un acuerdo con el PP sobre el plazo de duración de la comisión, tres meses prorrogables, que se constituiría el próximo 7 de septiembre, así como sobre sus integrantes, de los que PP y PSOE tendrían igual número.

Sin embargo, el secretario general del PP, Javier Arenas, ha dicho hoy que los dos meses de trabajo que su partido había estipulado en la propuesta de creación de la comisión "dan para mucho" si se actúa con "la máxima intensidad", aunque matizó que son partidarios de ampliar ese plazo.

El portavoz de Convergencia I Unió en el Congreso, Xavier Trías, duda de que las autoridades hubieran hecho todo lo posible para evitar el caso Gescartera y ha indicado que la elección de la presidencia de la comisión de investigación, que seguramente recaerá en un diputado de su partido, dependerá de las conversaciones que mantengan a partir del próximo martes los partidos de la comisión