La huelga de policías aterroriza a Bahía

El Gobierno de Dilma Rousseff se encuentra en situación de alarma por los sucesos de los últimos días en el Estado de Bahía, donde una huelga de la policía militar ha puesto de rodillas a la capital y a varias ciudades. Los agentes se han amotinado en el edificio de la Asamblea Legislativa en San Salvador. Hasta ahora el balance es de 93 asesinatos en siete días, saqueos, tiroteos en las calles, comercios cerrados y una población en estado de pánico.

Brasilia envió enseguida a San Salvador de Bahía a su ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, y a la Fuerza Nacional, al tiempo que se movilizó a las tres ramas del Ejército para proteger a los ciudadanos. La situación amenaza con extenderse a Espíritu Santo y hasta a Río de Janeiro, en vísperas de los carnavales, momento cumbre del turismo internacional en la ciudad carioca.

El problema de la seguridad tiene un trasfondo político y otro sociológico. La parte política es que hasta ahora la seguridad pública dependía de Gobiernos locales que se han mostrado incapaces de resolverlo, con 50.000 asesinatos al año en todo el país.

El tema sociológico es también doble: los policías en Brasil están mal formados y ganan poco para el riesgo que supone la profesión. Por ello, quizás son de los que más matan del mundo. Los agentes caen con facilidad en la tentación de la corrupción, y en ocasiones llegan a vender sus propias armas a los narcos. Uno de los cabecillas de los narcos de las favelas de Río declaró hace poco que el tráfico de drogas de la ciudad "dedica el 50% de lo que recaba para sobornar a la policía". Los policías en huelga de Bahía, a los que se trata de hacer aparecer como un grupo de rebeldes, presentan cuatro reivindicaciones: un plan de carrera, que no existe o se ha quedado viejo para los nuevos tiempos y los nuevos problemas; mejores condiciones de trabajo; salarios más dignos y reglamentación del pago de auxilio por accidentes.

Existe el temor de que el caso Bahía se extienda por Brasil, dejando grandes ciudades desguarnecidas en un país donde la violencia es grave incluso con todas las fuerzas del orden en activo.

Los gobernadores de otros Estados se han reunido estos días para estudiar el caso de Bahía ante el temor de un contagio, sobre todo porque las familias de los policías, e incluso una parte de la población, están de su lado y dispuestas a salir a la calle con ellos.

Al mismo tiempo, de cómo el Gobierno central resuelva por fin el caso de los policías atrincherados en el palacio del Gobierno de la capital bahiana, va a depender lo que pueda pasar en otros Estados. De resolverse solo con la fuerza -el Gobierno local les ha dado un ultimátum para que abandonen el edificio- y sin conseguir una negociación, con policías detenidos y encarcelados como criminales, podría crecer "una cultura del resentimiento y animadversión a los Gobiernos locales", afirma el sociólogo Emilson Lopes.