La Junta da un giro y cree nulas las ayudas directas a empresas de los ERE

Giro de 180 grados de la Junta andaluza en el caso de los ERE. Desde la semana pasada, el Ejecutivo de José Antonio Griñán considera nulas todas las ayudas directas a empresas concedidas entre 2000 y 2010 con el fondo para compañías en crisis dotado con 647 millones. Es decir, la Junta ha iniciado el procedimiento para reclamar a los empresarios beneficiados que devuelvan parte de los 65 millones entregados en subvenciones directas de manera discrecional y sin el debido seguimiento.

La decisión significa un vuelco a la tesis del Ejecutivo, que defendió la legalidad de las ayudas y ahora se alinea con la juez del caso, Mercedes Alaya, la Guardia Civil y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que consideran que el procedimiento administrativo que sustentó las ayudas es ilegal.

La Junta envió una carta a los empresarios la semana pasada que informa del "procedimiento de revisión de oficio" de las subvenciones y les da un plazo de 10 días para que aleguen y presenten los documentos que estimen pertinentes. La Consejería de Empleo se apoya en el mismo artículo que ya fijó el TSJA en dos sentencias recientes sobre sendas ayudas, el artículo 62.1.e de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas: "Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho [siendo] dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Y añade el artículo 112 sobre la potestad de las Administraciones para "declarar la nulidad de las disposiciones (...) en los supuestos previstos en el artículo 62.2".

Fuentes de la Junta quitaron hierro a la medida y matizaron que dicho artículo sobre la nulidad "es la única forma que hay para fundamentar la apertura de una revisión del proceso". "Estamos al comienzo de un largo y complejo proceso", añadieron. Tras el trámite de audiencia a los empresarios, el Consejo Consultivo de Andalucía deberá emitir un informe sobre cada ayuda para determinar su pertinencia y legalidad.

El giro es radical porque al optar por la nulidad y no por el expediente de reintegro, la Junta considera que el procedimiento de concesión es nulo, según fuentes del caso. Por tanto, la Administración considera irregulares las ayudas empleadas de manera conveniente por los empresarios, al igual que las gastadas en partidas insólitas y sin ninguna relación con la actividad económica, ya que al basarse en el artículo 62.1.e considera el procedimiento de concesión "nulo de pleno derecho", al igual que el TSJA. A pesar de ello, un portavoz de la Junta insistió ayer en que discriminan unas ayudas de otras: "No consideramos nulas todas las ayudas globalmente, por eso es aventurado dar por cerrado nada".

El Gobierno andaluz no quiso especificar ayer si ha enviado las cartas, firmadas por el jefe de servicio de ordenación y coordinación laboral, Rafael Arévalo, a todos los empresarios (121 según cifró la agencia pública Idea) o solo a un sector de los beneficiados. Tampoco si la cuantía de las ayudas directas supera los 65 millones, tal y como estableció Idea en un informe enviado a la juez tras una investigación interna. "No hacemos ruedas de prensa, sino que actuamos para resarcir el daño producido a las arcas públicas", aclararon fuentes del Ejecutivo.

De este modo, la Junta reclama el dinero entregado a los empresarios, algunos de ellos víctimas y otros beneficiados por una "trama" vinculada a la Consejería de Empleo, según ha establecido la juez Alaya. Tanto la magistrada como la Guardia Civil van más allá y consideran "ayudas directas" algunos ERE subvencionados a empresas con beneficios.