Bankia podrá crecer con compras

El grupo de Bankia podrá crecer mediante adquisiciones. El Gobierno y el Banco de España han decidido levantar la prohibición de comprar otras entidades que pesaba sobre Banco Financiero y de Ahorros (BFA)-Bankia, Banco Mare Nostrum y Banca Cívica por haber recibido ayudas públicas, según fuentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el fondo de rescate de la banca.

El levantamiento de la prohibición acaba de ser comunicado a las entidades por el Banco de España, cuyo gobernador es Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Llega en un momento clave, cuando se abre una nueva ronda de integración del sector financiero español y el Gobierno se dispone a acelerar la venta de las entidades nacionalizadas: Unnim, NovaGalicia y CatalunyaCaixa. De los beneficiados por la medida, BFA-Bankia es, por su tamaño, el que está más en disposición de asumir el papel de comprador en esta ronda de fusiones y adquisiciones.

Ahora, el banco puede aspirar a comprar en lugar de ser comprado

El grupo presidido por Rodrigo Rato, al igual que el resto de entidades con ayuda del FROB, se habían comprometido a "no llevar a cabo planes de expansión mediante la adquisición de otras entidades", como una de las salvaguardias a la posible distorsión de la competencia por disponer de ayudas públicas. Ese veto se adoptó de acuerdo con la Comisión Europea, a la que también se ha informado del levantamiento de la prohibición, según las fuentes consultadas.

La decisión de eximir de ese requisito la tomó la Comisión Rectora del FROB, controlada por representantes del Banco de España y de los Ministerios de Economía y Hacienda, en su reunión del pasado 17 de enero. La exención se decidió para las entidades que han recibido apoyo financiero del FROB por importe no superior al 2% de sus activos ponderados por riesgo.

BFA-Bankia, Banca Cívica y Banco Mare Nostrum (entidad de la que era consejero Luis de Guindos hasta su nombramiento como ministro de Economía) se encuentran en esa situación. Las tres recibieron dinero público en forma de participaciones preferentes, una especie de préstamos a un tipo de interés cercano al 8% que computan como capital hasta que son devueltos.

BFA-Bankia es, según los analistas, la entidad que tiene que hacer un mayor esfuerzo de dotaciones para cubrir el riesgo inmobiliario a raíz del decreto ley de saneamiento del sector financiero aprobado el viernes por el Gobierno. Ese decreto obliga a efectuar coberturas mediante provisiones y colchones de capital, esto es, a prepararse para posibles pérdidas, del 80% para los créditos y activos problemáticos de o del 65% para los de promociones inmobiliarias paralizadas sin terminar. Los pisos que lleven más de tres años en el balance deben provisionarse al 50% si son promociones terminadas o segundas residencias y al 40% si eran primera residencia. Y hasta el crédito normal al sector inmobiliario que se tenga al cierre de 2011 debe cubrirse al 7%.

Tras conocerse la reforma, el grupo BFA se aprestó a comunicar que "cumplirá los nuevos requisitos en materia de provisiones (...) dentro de los plazos y condiciones establecidas" y "sin necesidad de recurrir a fondos públicos". Recordó que para ello cuenta con deuda subordinada y participaciones preferentes, provisiones genéricas por importe de 1.100 millones, generación de resultados y la posibilidad de vender activos no estratégicos como carteras de crédito e inmuebles.

Una de las disposiciones del decreto ley facilita a Bankia ir incorporando gradualmente sus 6.000 millones en preferentes como capital de máxima calidad en forma de bonos contingentes convertibles, que se transforman en acciones en caso de necesidad. Antes del decreto, solo computaban como capital principal los títulos que previeran su conversión obligatoria antes del 31 de diciembre de 2014. Ahora, ese plazo se amplía cuatro años y además, ya no hace falta que la relación de conversión esté fijada, lo que permite a Bankia una gran flexibilidad para capitalizar sus preferentes.

Pero la norma, sobre todo, concede un plazo extra para el saneamiento de las entidades que se fusionen, frente al límite general del 31 de diciembre de este año. Según el decreto, el plazo extra no es de un año con respecto al régimen general sino de un año desde que se autorice la integración. La autorización debe llegar en un máximo de un mes desde que se solicite, lo cual debe hacerse, a su vez, antes del 31 de mayo próximo. Pero esos plazos no cuentan para la subasta de entidades nacionalizadas, cuyos procesos pueden dilatarse algo más y, en consecuencia, también empezaría a contar más tarde el plazo extra de un año para el saneamiento. La integración también permite hacer saneamientos sin que pasen por la cuenta de resultados.

Sin la exención recién aprobada por el FROB, BFA-Bankia no podía aspirar a quedarse ninguna de las entidades nacionalizadas ni a realizar cualquier otra compra. Por eso se especulaba tanto con una fusión con Caixabank o el BBVA en la que Bankia sería más bien absorbido.

Hay otro punto en el decreto ley del que puede beneficiarse Bankia. Con carácter general, la norma exige que la compra o fusión sea de una entidad de un tamaño al menos del 20% de la mayor de las dos integradas. Pero la norma permite que, a propuesta del Banco de España, se baje ese listón al 10% "atendiendo a las circunstancias concurrentes en operaciones de análoga dimensión", una generalidad que deja la decisión a criterio del Ministerio de Economía.