Una oficina para detectar los conflictos de intereses
El anteproyecto de ley reguladora del código de conducta del cargo público y de su régimen de incompatibilidades establece la creación, en el seno del Gobierno vasco, de la Oficina de Conflictos de Intereses, un organismo que, según fuentes del Departamento de Justicia, estará compuesta por personal técnico.
La oficina realizará el seguimiento de los ex altos cargos hasta dos años después de que hayan dejado su puesto público y comprobará las actividades privadas de los dos años anteriores en el caso de la incorporación de nuevos mandatarios a la Administración. Además, este servicio mantendrá al día un catálogo de cargos públicos que se aprobará por medio de un decreto posterior a la entrada en vigor de la ley.
A este organismo, que informará cada seis meses al Parlamento del grado de cumplimiento de la futura ley, es al que el lehendakari, los consejeros, viceconsejeros, directores, cargos de organizaciones como el Ararteko, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico Social, el Consejo de Relaciones Laborales, el Tribunal de la Competencia o la Agencia vasca de Protección de Datos, junto a los asesores deberán remitir sus declaraciones de bienes y detallar sus vínculos -y los de sus allegados- con entidades privadas. También deberán informar de cambios, casos como, por ejemplo, herencias que incluyan participaciones en empresas. Si incurren en incompatibilidad, la oficina les dará un plazo para deshacerse de ellas.
La oficina de conflictos de intereses será quien realice la instrucción de los expedientes. Las sanciones, en cambio, serán interpuestas por el consejero encargado de la Función Pública, cargo que hoy en día recae en la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia. Las sanciones al lehendakari corren a cargo del Reglamento del Parlamento.
