La Sogama del sur se hará en terrenos que controla un edil del PP

El teniente de alcalde de O Irixo, Manuel Cerdeira negocia con los terrenos en los que se ubicará la nueva planta de tratamiento de residuos de Galicia. Y lo hace como presidente de la comunidad de montes de Menaz, Orosa, Casares, Cardedo y Filgueira do Campo, con la que Estela Eólica firmó un preacuerdo de alquiler. Pero en realidad no es presidente. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, en el registro de montes de la Consellería de Medio Rural, las comunidades vecinales propietarias de ese terreno mancomunado tienen caducado el mandato de su última rectoría, por lo que no tienen representante legal ni tampoco directiva.

Fuentes del Servicio de Montes aseguran que la directiva "no se encuentra reglamentariamente inscrita en el correspondiente registro". A pesar de esa irregularidad confirmada por la consellería, el teniente de alcalde asegura que es "el presidente de toda la comunidad de montes" y que sí firmó el preacuerdo de alquiler con Estela Eólica, aunque ante otras preguntas evita precisar más detalles porque, según dice, este periódico "publica luego lo que quiere". La agrupación de comuneros fue legalizada definitivamente el 7 de junio de 2004, cuando una sentencia de los juzgados de O Carballiño declaraba la pertenencia de esos montes vecinales para los vecinos de las aldeas de Casares, Menaz, Orosa, Cardedo y Filgueira do Campo.

Las irregularidades pueden invalidar el acuerdo alcanzado con Estela Eólica

El acuerdo deberá ser definitivo antes del próximo día 30 de marzo

La empresa admite que el plan podría retrasarse por los últimos recortes

El alcalde sigue siendo optimista y fecha el comienzo de obra a fin de año

Esta irregularidad en la representación legal de los comuneros podría invalidar el acuerdo alcanzado con la empresa castellanoleonesa Gecalsa (que compró Estela Eólica) y que pretende construir en O Irixo la segunda Sogama de Galicia. De hecho, el portavoz de la plataforma vecinal contraria al proyecto, Alberto González, afirmaba recientemente que estudian llevar todo el proceso de cesión de terrenos ante los tribunales porque consideran que las reuniones con los comuneros no se convocaron "tal y como establece la normativa". El pasado 31 de diciembre y apurando el plazo al máximo (la fecha límite era el último día de 2011) una reunión secreta, celebrada en la propia casa consistorial de O Irixo, acordaba la firma de un preacuerdo de cesión de 500.000 metros cuadrados de terreno ubicados en la parroquia de Santa María do Campo. En régimen de alquiler, la empresa pagará 75.000 euros al año durante 30 años, el período máximo que permite la Ley de Montes.

En aquel reservado encuentro que no fue comunicado al resto de vecinos del municipio, estuvo presente el alcalde de O Irixo, Manuel Penedo, y el teniente de alcalde, Manuel Cerdeira, que valoró positivamente la rúbrica del documento porque se incluyó el aumento del precio del alquiler de los terrenos en función del incremento del IPC. El preacuerdo deberá ser definitivo antes del próximo 30 de marzo para ser presentado ante la Consellería de Industria. Así lo establece ese protocolo de intenciones. Si se cumple la legalidad vigente, el dinero para repartir entre las familias propietarias solo se podrá destinar a obras en los pueblos en los que residen.

La oposición vecinal y las posibles trabas legales no son el único muro con el que se está encontrando el proyecto. La reciente supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos acordada por el Gobierno del Estado pone en jaque el calendario establecido por la empresa. La planta basurera de O Irixo está asociada a los 186 megavatios que Estela Eólica consiguió en el concurso eólico de la Xunta. Desde la empresa reconocen que el proyecto sigue en pie aunque podría retrasarse. Y aseguran que tiene continuidad porque es viable ya que la construcción de aerogeneradores y el negocio de la basura son económicamente independientes. El alcalde de la localidad, en una oda al optimismo, aseguraba recientemente que la construcción podría comenzar "a final de año".

La nueva planta basurera de Galicia también ha llegado a Europa. La diputada del BNG, Ana Miranda, denunció durante el debate y la votación del informe de aplicación de la directiva sobre Gestión de Residuos en los Estados miembros, que la Xunta incumple la legislación de la UE en materia de gestión de residuos. Según el Bloque, la administración autonómica ignora la normativa que recomienda la prevención, el reciclaje y la reutilización como sistemas prioritarios frente a la incineración. Actualmente, Galicia incinera el 42% de toda la basura que genera, frente a una media que en la Europa de los 27 se sitúa en el 20%. Miranda también señaló que la incineradora no cumplirá los requisitos de evaluación ambiental, ya que "solo va a tener que superar un procedimiento abreviado de evaluación de impacto ambiental", gracias a los cambios normativos introducidos por el gobierno de Feijóo a través de la nueva Ley de Política Industrial.