El Gobierno abre una línea ICO de 10.000 millones para las comunidades
La factura sanitaria dispara el déficit de Cataluña en 2011 hasta el 3,3%
Las comunidades autónomas dispondrán a partir de la próxima semana de una nueva vía de financiación para poder pagar sus facturas pendientes. El Gobierno central aprobó ayer la creación de una línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 10.000 millones, ampliables a 15.000, para las comunidades con problemas para pagar a sus proveedores. La línea cumple con lo avanzado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde prometió medidas para mejorar la liquidez de las regiones a cambio de un compromiso con los objetivos de estabilidad y un mayor rigor fiscal.
Las comunidades que se acojan a esta línea deberán presentar un plan de viabilidad y someterse a las recomendaciones de Hacienda. La línea del ICO tiene dos tramos: Una para pagar a proveedores, y otra para hacer frente a deudas contabilizadas antes del 31 de diciembre de 2011. Los préstamos tendrán un tipo de interés de mercado y su incumplimiento conllevará sanciones. El Gobierno podrá, incluso, retener una parte de las transferencias a las autonomías.
Las autonomías usarán el préstamo del ICO para pagar a proveedores
Ningún territorio se libra de las apreturas económicas. Los recortes sociales más duros jamás aplicados en Cataluña finalmente no sirvieron para que en 2011 la Administración catalana rebajara su déficit hasta el objetivo fijado a comienzos de año. Como ya le sucedió en 2010 al tripartito, el gasto sanitario acabó desbordando las previsiones del Gobierno de Artur Mas, que cerró el año con un déficit del 3,29%, frente al 2,66% que se había marcado y lejos del objetivo del 1,3% acordado en el CPFF. El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell destacó que por primera vez se había logrado rebajar el gasto público el 6,9%, pero no descartó una "segunda ronda de ajustes" en 2012 si Bruselas no da más tiempo para equilibrar las cuentas públicas.
El saldo presupuestario de Cataluña, por su peso económico dentro de España, tiene un gran impacto dentro del conjunto de las comunidades. Y estas, según el Gobierno central, concentraron los excesos del año pasado. Según la liquidación provisional de los Presupuestos de 2011 que ayer presentó Mas-Colell, la Generalitat redujo el gasto un 6,9%, inferior al 10% que se había propuesto. La desviación fue de 822 millones, de los cuales 582 millones corresponden a la factura de la sanidad pública. Sin embargo, Mas-Colell señaló que incluso ese departamento, que supone el 40,2% del presupuesto, rompió su tendencia expansiva y ahorró 706 millones respecto a 2010.
Los ingresos no variaron demasiado respecto a lo previsto, si bien el Gobierno catalán tuvo que dar marcha atrás en las privatizaciones que había presupuestado en 200 millones. Como resultado de esos desfases en los ingresos y los gastos, el déficit rebasó el 2,66% al que se comprometió Mas. Es más, este todavía podría ser superior tras la revisión que todavía debe efectuar la Intervención General del Estado.
Este eventual incremento se debe a que la Generalitat anotó como ingresos los 759 millones por la disposición adicional tercera, que desarrolla el Estatut, que el anterior Gobierno no abonó. "No nos corresponden como déficit porque son una deslealtad grosera del Gobierno anterior. Es su déficit", atajó Mas-Colell.
El consejero admitió que desde un punto de vista de "rigorismo extremo" la Generalitat se quedó a medio camino. En cualquier caso, ahora se enfrenta a una tarea casi titánica, que consiste en drenar 3.947 millones para cerrar 2012 con un déficit del 1,3% del PIB. A medida que pasa el tiempo, los Presupuestos de este año, aún sin aprobar, van quedando superados. Estos están elaborados con la hipótesis de que el crecimiento en 2012 será del 0,8%, cuando las previsiones indican un severo retroceso de la economía. Además, parten de un déficit en 2011 del 2,66%, que se superó en 0,63 puntos. Y por último, contemplan desinversiones por 888,2 millones en un momento en el que la mayoría de los procesos de venta que han puesto en marcha las Administraciones han tenido que cancelarse por la falta de compradores o los exiguos ingresos que iban a suponer.
