Gallardón desconoce la ley

Gallardón siempre quiere correr más que nadie, aunque eso le suponga rectificar luego o pasar por encima de leyes en vigor y apoyadas por el PP. Su primera ocurrencia como ministro fue decir que habilitaría agosto en los juzgados y, al comprobar que tenía más inconvenientes que ventajas, tuvo que dar marcha atrás. La última idea (hasta ahora) en su carrera por ser el ministro estrella ha sido la de desjudicializar las bodas y divorcios para desatascar la Justicia. Pero el ministro vende ese humo ignorando que el pasado 21 de julio se publicó en el BOE la Ley 20/2011 del Registro Civil que apoyó el PP en las Cortes y que ya sustrae de jueces y fiscales el control de los matrimonios. La norma está en vacatio legis, entrará en vigor en julio de 2014 y él es quien debe aplicarla. Sus artículos 58 a 61 ya dejan exclusivamente en manos de alcaldes y concejales los expedientes matrimoniales, sin participación de jueces y fiscales. Es decir, Gallardón quiere quitar una carga de trabajo de la Justicia que ya está eliminada, con la única diferencia de que si se llegara a aprobar su propuesta el ciudadano que vaya al notario a casarse tendría que pagar. Ahora es gratis casarse y divorciarse y lo seguirá siendo cuando entre en vigor la nueva Ley de Registros.

Ese cambio legal ya aprobado elimina el control de legalidad de matrimonios mixtos, de españoles con extranjeros, que dan lugar a derechos y que en este momento sí son vigilados por jueces y fiscales para evitar bodas de conveniencia. Para evitar esos casos sí mantiene la intervención judicial en los divorcios. Sin embargo,con la propuesta de Gallardón no habría control alguno tampoco para las rupturas, lo cual es contradictorio con el hecho de que el PP se abstuvo en la votación de los divorcios exprés hace dos legislaturas con el argumento, precisamente, de que eso abría la puerta a las bodas de conveniencia con extranjeros. En todo caso, el porcentaje de divorcios de mutuo acuerdo y sin menores es mínimo por lo que la medida ni siquiera es útil para desatascar los juzgados. Bastaría con que los secretarios judiciales, que también son fedatarios públicos, asumieran la función que Gallardón quiere atribuir a los notarios para aliviar el atasco judicial. Eso sí, no tendría coste para el ciudadano ni provecho para los notarios. Anteriores ministros de Justicia han escuchado esta reivindicación de los notarios, pero ninguno de ellos ha cedido, entre otras cosas porque acaba con el papel de los procuradores y porque no vieron sentido a simultanear los divorcios gratis en juzgados con otros de pago en las notarías. ¿Quién pagaría en el notario por lo que se puede obtener gratis en el juzgado?

Sobre los menores, el Estatuto Orgánico atribuye al ministerio público su defensa, que no podría mantenerse en una notaría, porque los fiscales solo actúan en los procedimientos ante los tribunales. Además, el PP mantiene una posición ideológica basada en la defensa de la familia y en dar trascendencia a la institución del matrimonio que tan importante era, por ejemplo, para sostener su rechazo a las bodas gais. Pero Gallardón pasa de la trascendencia intocable del matrimonio a equipararlo a la compra-venta de un piso ante el notario.