El Gobierno propondrá pagar por cada dependiente según la ayuda concedida

El nuevo Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales propondrá a los consejeros autonómicos modificar la financiación de la Ley de Dependencia para que el dinero que se libra a las comunidades no sea una cifra lineal según el grado de dependencia del usuario, sino en función del coste del servicio que se le presta. Siguiendo ese criterio, no se pagaría lo mismo por un gran dependiente atendido en una residencia que asistido en casa por un familiar. Este cambio en la financiación se lo han pedido a la ministra Ana Mato numerosos consejeros en la ronda de visitas que ha efectuado estos días y es una reivindicación clásica de muchas comunidades, pero también de los profesionales del sector y de los empresarios.

La ministra propondrá estos cambios formalmente a todas las comunidades, un camino que ahora está allanado, puesto que la mayoría son del mismo color político.

A las autonomías les salía más barato conceder una prestación económica que una plaza en un geriátrico o en un centro de día porque recibían el mismo dinero del Gobierno. Sin embargo, debían de aportar mucho más de sus arcas cuando se trataba de un servicio profesionalizado. Esa es la razón de que las ayudas concedidas se hayan desequilibrado y más de la mitad sean prestaciones económicas. Tanto la patronal como los profesionales han insistido siempre en que premiar el servicio frente a la paga es una forma de incentivar el empleo, que en el sector de los servicios sociales está funcionando mucho mejor que en otros en tiempos de crisis.

Para este cambio no es necesario modificar la ley, solo hacer algunos retoques normativos, aunque no sean los únicos que, presumiblemente, se hagan en la financiación, uno de los aspectos más polémicos y que más quejas ha despertado.

El asunto es cómo se hará, porque pagar más por un dependiente atendido en un servicio profesional premiará, sin duda, a algunas de las comunidades que mejor han ido gestionando la ley, pero también a otras de las que no se puede decir más que lo contrario.

El Gobierno también planea aligerar la burocracia de acceso al sistema de la dependencia, que obliga a los ciudadanos a cumplimentar una maraña de papeles y complica también el trabajo de los profesionales. Eso se conseguiría, en parte, cambiando el baremo por el que se decide quién es dependiente y en qué grado lo es. Ya el Gobierno anterior modificó el baremo actual para corregir algunas desviaciones que se habían detectado con su uso, por ejemplo el más complicado acceso a las ayudas para las personas con enfermedad mental. Estaba previsto que esos retoques entraran en vigor en febrero y se ha invertido tiempo y dinero en la formación de los trabajadores que han de aplicar estos cuestionarios. Pero es más que probable que no entre en vigor a la espera de un nuevo diseño en el baremo que podría ser de mayor calado.