Euskadi dispondrá de un Instituto para cursar la formación profesional a distancia

La Ley de Aprendizaje a lo largo de la vida, a cuyo proyecto dio luz verde ayer el consejo de Gobierno, dará carpetazo a una concepción de la formación como esa etapa de la vida que se atraviesa en la juventud y durante un tiempo determinado, como paso previo a la incorporación a la actividad laboral, y que se termina cuando se encuentra un trabajo; hasta tiempos recientes, normalmente el mismo para siempre, o, al menos siempre en la misma actividad.

La exigencia de formación continua y los rápidos cambios en los conocimientos requeridos por parte del nuevo mercado laboral son uno de los factores que han inspirado esta norma. El otro es la comprobación reiterada de que la tasa de desempleo se ceba sobre todo en personas carentes de formación, o que no pueden certificarla, aunque sí posean los conocimientos, por haber desarrollado una actividad laboral ante largo tiempo en una determinada disciplina.

El proyecto de ley establece el marco legal que debe impulsar y regular un sistema integrado de formación profesional, tal y como resaltaron las consejeras de Educación y Empleo, Isabel Celaá y Gemma Zabaleta, respectivamente, como responsables de los dos departamentos del Gobierno implicados en la nueva norma y que se verán concernidos por ella cuando se apruebe.

La norma concibe esa formación profesional integral como un nuevo derecho ciudadano: el de adquirir y actualizar su cualificación, por un lado, y, por otro, el de que se reconozca oficialmente la competencia profesional aunque no haya por medio una titulación previa.

El proyecto prevé la creación del Instituto de Educación a Distancia, que será a la formación profesional lo que la puesta en marcha de la UNED fue en su momento a la universidad. Personas que trabajan o que no pueden dedicar su jornada entera a su educación, podrán acceder así a la realización de estudios, nuevos o complementarios a los que ya tengan. Desde el curso pasado ha habido ya una oferta de este tipo, puesta en marcha por centros de enseñanza y con una aceptación considerable, pero sin el soporte institucional que dará el Instituto.

Celaá eligió dos colectivos sin formación específica reglada, como los conductores de ambulancias o las rederas, para explicar el dispositivo de reconocimiento de las competencias: aunque las exigencias serán muy diferentes, se realizarán convocatorias públicas de evaluación, en las que las personas interesadas podrán probar sus capacidades.

Se crearán también centros integrados con orientadores de Lanbide y de centros de formación públicos y concertados, indicó Celaá. Zabaleta, por su parte, consideró la iniciativa como fundamental para que la formación profesional y la dirigida al empleo constituyan "un único recorrido".