Ocho de cada diez mediaciones terminan en acuerdo

Hasta finales de septiembre, en Euskadi acudieron a los servicios de mediación 824 familias, de las que la mitad, 458, se enfrascaron en un proceso de mediación de conflictos. De estos últimos, ocho de cada diez finalizan en un acuerdo que evita ir a los tribunales. Según los datos facilitados ayer por el Gobierno durante la inauguración del servicio de mediación de Álava, el 95% de los casos siguen versando sobre separaciones, pero, poco a poco, el perfil de los conflictos que llegan a los servicios de mediación familiar de Euskadi se está diversificando.

Aunque siguen siendo casos residuales, el 5% restante, los desencuentros intergeneracionales están tomando cuerpo en estos espacios, según Rosa Pérez, responsable del servicio de mediación de Álava. Se trata de problemas entre hijos de entre 14 y 18 años con sus padres. "Van de problemas de convivencia hasta familias con antecedentes de violencia", subraya esta profesional. Pero también de conflictos entre familias porque los abuelos no pueden ver a sus nietos tras una separación o por problemas de herencias o de cuidado de familiares dependientes.

Son situaciones que requieren más sesiones de mediación familiar que los de personas inmersas en la ruptura de una relación, señala Pérez. Si bien en este último caso normalmente se realizan entre tres y seis sesiones conjuntas, en los casos de conflictos entre padres e hijos, por ejemplo, se necesita de más trabajo y de sesiones individuales que alargan el proceso. "Son problemas más enquistados, la relación está más viciada", argumenta.

Siete de cada diez solicitantes de mediación son mujeres y las familias que acuden al servicio son de nacionalidad española y de clase baja o media en su mayoría.

Fin de la encomienda

El servicio de mediación de Álava es el último que el Gobierno vasco ha puesto en marcha. La competencia fue asumida en 2010 por el Departamento de Asuntos Sociales, que dirige Gemma Zabaleta, pero durante los dos últimos años se ha mantenido una encomienda de gestión con el Ayuntamiento de Vitoria para que se haga cargo del servicio.

El Gobierno también asumió en 2010 los puntos de encuentro familiar, a los que se acude por mandato judicial. Estos han pasado de manos de Asuntos Sociales al Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico.