La Junta cierra filas con el alto cargo imputado en los ERE

Defensa cerrada frente a la juez. La Junta optó ayer por enfrentarse a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, y defender al primer alto cargo imputado en el actual Gobierno andaluz. No es la primera vez que el Ejecutivo contraviene las decisiones de la magistrada (con momentos cumbre como la disputa por las actas ante el Supremo), pero aceptar la dimisión del director general de Trabajo Daniel Rivera hubiera supuesto un costo demasiado alto.

Renunciar al mando que ha dirigido la investigación interna e intentado poner orden en el caos de los ERE y las ayudas directas hubiera puesto en entredicho toda la política de transparencia y depuración de la que ha hecho gala Empleo. Por eso ayer el consejero, Manuel Recio, elogió la gestión de Rivera para identificar intrusos (prejubilados que no trabajaron en las empresas beneficiadas) y discrepó de la acusación de la magistrada Alaya.

"No comparto la decisión adoptada por la juez. Rivera no tiene la menor responsabilidad de incluir en un expediente a personas ajenas a la empresa. Le animo a que culmine el magnífico trabajo emprendido", alabó Recio. La juez le acusa junto a su predecesor Juan Márquez de haber autorizado el pago del ERE de la empresa Surcolor, donde se prejubilaron dos intrusos. La investigación le achaca además ordenar pagos "con total ausencia de procedimiento", sin solicitud por parte de la empresa o protocolo de colaboración. Por último, Alaya sospecha de un pago de 109.620 euros a la empresa de aceitunas Acyco destinado a mantener 144 puestos de trabajo, cantidad que coincide "exactamente" con los honorarios del bufete Garrigues por la tramitación del ERE.

Sin embargo, la juez no está sola en su tesis. La Guardia Civil censura con dureza la actuación de Rivera: "No solo da continuidad a los acuerdos con una patente falta de procedimiento (...) sino que ordena los pagos".

Cuando el nuevo equipo de Recio se hizo cargo en la primavera de 2010 de la Consejería, la gran patata caliente era poner orden en el departamento del ex director general de Trabajo Javier Guerrero (principal imputado del caso) tras el tibio intento de su predecesor Juan Márquez. Y el brazo ejecutor fue Rivera. ¿Qué hacer? ¿Paralizar los pagos y afrontar las manifestaciones de los prejubilados mientras se articulaba un procedimiento reglado que casara con la ley? El Ejecutivo decidió enmendar la forma de pagos, un proceso prolongado en exceso, y cerrar el grifo casi por completo a nuevas subvenciones. Pero mientras, los pagos de acuerdos antiguos continuaron desde las aseguradoras. Y ahí viene el problema y la imputación de Rivera.

Recio aclaró ayer que no va a dimitir ni le ha pedido el cese a Rivera. "La póliza de Surcolor se tramitó cuatro años antes de su nombramiento y cuando Rivera ordenó el pago no había ningún indicio de irregularidad (...) Jamás podremos compartir que se le sitúe en el lado de los acusados (...) solo continuó el calendario de pagos", defendió.

Además, el consejero recordó que su investigación se ha ampliado a las comisiones a consultoras, pero negó por tres veces que la Junta pagara honorarios a Uniter, cuyo responsable está imputado. La agencia pública IDEA refleja en su contabilidad que en 2010 Empleo ordenó dos pagos a Uniter SL: uno de 452.468 euros y otro de 408.304 euros.

La defensa de Rivera contrasta con el blindaje ansiado para el parlamentario Ramón Díaz al incluirlo en la Diputación Permanente del Parlamento para mantenerle como aforado, y que finalmente el PSOE ha frenado. La Guardia Civil subraya en un informe cómo el responsable de Uniter alegó haber comentado con Díaz "un error en cálculos actuariales" que enmascaraban la inclusión de dos intrusos en la empresa Calderinox.