El Gobierno se ve forzado a asumir mil millones de deudas ajenas
Las cuentas del BEC se suman a las del Consorcio de Transportes de Bizkaia
El tamaño a veces perjudica seriamente al balance y, como consecuencia, a la salud presupuestaria. La contabilidad SEC (Sistema Europeo de Cuentas ), la que el Gobierno central y la UE exigen a las comunidades autónomas para homologar y poder comparar sus parámetros, obliga a las instituciones más grandes a asumir las deudas de las entidades cuyo capital comparte con otras más pequeñas. No importa si la infraestructura en cuestión se halla en un territorio u otro, o si la gestión local supone que se eleven año tras año sus déficit de explotación.
El Gobierno vasco, que podría manejar un escenario de deuda en 2011 por debajo de los 5.000 millones de euros va a acabar acercándose oficialmente a los 6.000 millones debido a que determinadas obras que fueron consideradas en su día como estratégicas han sido realizadas por sociedades públicas en las que el Gobierno tiene el mismo porcentaje de participación que la Diputación de Bizkaia.
La nueva normativa europea complica conseguir el objetivo de déficit
El Ejecutivo, que ya computaba un total de 5.355 millones de deuda en septiembre pasado, al incluir los cerca de 500 millones del Consorcio de Transportes de Bizkaia, una sociedad que comparte con la Diputación al 50%, se va a situar en casi 5.900 millones al tener que contabilizar, además, los casi 490 que suman las deudas del Bilbao Exhibition Centre (BEC) y de la sociedad Alokabide. Esta entidad, dependiente de Vivienda, gestiona cerca de 8.000 pisos en alquiler protegido.
Hasta septiembre pasado, el BEC acumulaba una deuda de 360 millones de euros que el Gobierno tiene que incluir en sus cuentas, pese a que su participación es minoritaria (48%), el mismo porcentaje que la institución foral. El Ayuntamiento de Bilbao controla casi el resto del capital. El presidente de la sociedad que gestiona el BEC es el propio diputado general, José Luis Bilbao.
Los otros 130 millones de deuda que suponen un pesado lastre para que Euskadi pueda cumplir el objetivo del 1,3% de déficit, corresponden a la sociedad Alokabide.
También está pendiente de evaluar el impacto de algunas incertidumbres, como el desfase económico de las políticas activas de empleo -la transferencia que negoció el PNV-, el coste del acuerdo laboral en la Ertzaintza y el resultado final de la negociación del Cupo con el Gobierno central.
Estos números van a empeorar los ya de por sí malos de la recaudación de impuestos, que sigue cayendo mes a mes, y que se suman al agujero inicial de 1.000 millones de euros con el que se encontró el Gabinete de Patxi López cuando llegó al poder en mayo de 2009, debido a que el último presupuesto del Ejecutivo de Ibarretxe se hizo sobre unos supuestos de recaudación excesivamente optimistas.
Pese a todo y, según los datos del Banco de España, la deuda del Gobierno vasco -5.355 millones en septiembre pasado- representa apenas el 3,9% sobre el total de la deuda de las comunidades autónomas (más de 135.000 millones). La deuda de las tres Diputaciones -2.250 millones- supone el 6,1% de la que tienen viva los Ayuntamientos y Diputaciones de España (36.700 millones).
Entidades públicas 'fantasma'
La contabilidad SEC tiene como objetivo evitar la opacidad de deudas que han permanecido ocultas a los ojos de Europa, y muchas veces de los Estados miembros de la UE a través, por ejemplo de sociedades públicas cuyas deudas no figuraban en la foto del déficit global.
El Ejecutivo español remitió el pasado noviembre una directiva al Gobierno vasco para que incorpore a su contabilidad la deuda correspondiente al BEC, que hasta entonces era una deuda fantasma a sus ojos. En este caso le ha perjudicado al Gobierno vasco.
A Bilbao, en cambio, le ha beneficiado. La capital vizcaóna dispone de unas saneadas cuentas, y su Ayuntamiento muestra un déficit cercano a cero, pese a que Bilbao Ria 2000 tiene una deuda de 218 millones de euros. La explicación es que se trata de una sociedad anónima pública constituida a partes iguales por la Administración del Estado y las instituciones vascas. En este caso, la deuda se la lleva la Administración mayor, el Gobierno central, pese a que la mitad es propiedad vizcaína, y los beneficios de las inversiones, nétamente bilbaínos.
En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recordó a los Ejecutivos autonómicos que también se le va a computar como deuda propia el montante de las facturas impagadas que mantengan en los cajones.
El Gobierno vasco pidió un crédito de 500 millones de euros el pasado 28 de diciembre para hacer frente al cuello de botella que se forma a final de año para pagar a los proveedores. Algunas facturas pendientes, como las de farmacia, se han abonado con algún retraso.
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