Euskadi plantea la mayor respuesta oficial en los casos de bebés robados

El Gobierno vasco elevó ayer un peldaño en el escalafón de sus prioridades la investigación de los supuestos casos de robos de bebés ocurridos durante el franquismo y los primeros años de la democracia. Como respuesta a la polémica suscitada tras las recientes exhumaciones de féretros vacíos en Bizkaia y Gipuzkoa, aunque fruto de un trabajo de varios meses, la portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, avanzó la próxima constitución de una comisión interdepartamental para coordinar los esfuerzos de Sanidad, Interior y Justicia en el esclarecimiento de las adopciones irregulares de recién nacidos. Se trata de la mayor respuesta oficial dada en España por una Administración a este problema.

La fiscalía precisa que no hay indicios por ahora de que existiera una trama

Mendia se reúne hoy en Vitoria con las dos asociaciones vascas de afectados

La directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu, será la encargada de coordinar la labor de las tres consejerías. Sanidad actuará como administradora de los hospitales donde nacieron los bebés y presuntamente se robaron; Interior, como responsable de las actuaciones de la Ertzaintza en cuanto policía judicial, y Justicia, en calidad de gestora del servicio de atención psicológica a las víctimas y del Instituto Vasco de Medicina Legal, que se encarga de realizar las pruebas de ADN. Su acción conjunta permitirá estrechar el cerco a las supuestas adopciones irregulares.

Mendia e Ibáñez de Maeztu se reunieron ayer en la sede del Tribunal Superior de Justicia, en Bilbao, con el responsable máximo de la fiscalía en el País Vasco, Juan Calparsoro, quien les trasladó el estado de las investigaciones en la comunidad autónoma. El representante del Ministerio Público detalló que, hasta la fecha, se han interpuesto 223 denuncias judiciales por supuestos robos de bebés. De ellas, 126 se han registrado en Gipuzkoa, 66 en Bizkaia y 31 en Álava. Una treintena han sido archivadas por distintos motivos, ya que la casuística es muy variada y muchos procesos apenas guardan relación entre sí.

Calparsoro concretó que la investigación más avanzada corresponde a un caso vizcaíno en el que ha declarado como imputado un ginecólogo que intervino en el parto de un niño que desapareció.

El fiscal confió en que se puedan esclarecer "el mayor número de casos posibles" y reveló que en las indagaciones realizadas se ha podido comprobar la "conexión" entre algunas personas presuntamente implicadas, Pese a ello, matizó que aún no hay indicios suficientes para determinar que las adopciones irregulares fueron impulsadas por una especie de organización criminal. Descartó así, por el momento, la tesis de una posible trama que el propio lehendakari, Patxi López, planteó la pasada semana, tras la exhumación de varios féretros vacíos en distintos puntos de Euskadi.

Vista la información remitida desde las distintas fiscalías territoriales, Calparsoro avanzó que "no está prevista ninguna imputación más", si bien matizó que aún se está en fase de investigación y recalcó que la posición del Ministerio Público es que "los hechos deben ser investigados". "Sé que hay dificultades jurídicas por la posible prescripción que se ha planteado en algún caso, pero nuestra idea es, en la medida en que haya un mínimo indicio, partir de que los hechos es posible que hayan ocurrido y, por tanto, que deben investigarse", argumentó, no sin antes agradecer el "minucioso" trabajo de la Ertzaintza para esclarecer casos que, en algunas adopciones, se remontan a 1940.

Fiscales y jueces se verán beneficiados también del trabajo conjunto que el Gobierno impulsará entre los tres departamentos citados. Mendia coincidió con Calparsoro que "el paso del tiempo impide muchas veces encontrar testigos de aquellos hechos", principal problema para resarcir a las víctimas. No obstante, la titular de Justicia se comprometió a prestar todo el apoyo a las dos asociaciones de damnificados vascos -Anadir y SOS Bebés Robados- con las que se reúne hoy en Vitoria.

Mendia les trasladará las últimas informaciones de la fiscalía y los esfuerzos realizados por el Gobierno. "También para escuchar y ver cómo perciben ellos el paso del tiempo y las actuaciones realizadas", avanzó la portavoz y consejera de Justicia.

Las reuniones con las asociaciones de afectados, que se han quejado en ocasiones de abandono institucional, se repetirán cada seis meses, "salvo algún asunto excepcional", un período suficiente "para ver cómo van avanzando las investigaciones y qué dificultades se pueden encontrar", según Mendia.

En los últimos meses, el Ejecutivo ha firmado sendos protocolos de actuación con los Servicios de Atención a la Víctima y el Instituto Vasco de Medicina Legal para "ofrecer todo el apoyo y la cobertura" en la investigación de los casos de bebés robados.

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