Prioridad en los servicios para las gestantes en situación vulnerable
Las mujeres embarazadas que sean menores de edad, inmigrantes, estén estudiando o tengan algún tipo de discapacidad o incapacidad judicial tendrán acceso prioritario a servicios sanitarios, sociales, educativos, transportes o vivienda, entre otros. Es la puesta en marcha de la ley de apoyo a la mujer embaraza que aprobó la Xunta en 2010 a propuesta de grupos antiabortistas, que llegaron al Parlamento a través de una iniciativa legislativa popular. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicó que el plan integral que prepara su Gobierno pretende poner los recursos "para ser madre con libertad" en casos de "vulnerabilidad o riesgo de exclusión social". "Es un engranaje de recursos", definió.
Feijóo presentó como "una obligación" de los poderes públicos apoyar este tipo de planes que fomenten la natalidad, ya que la baja demografía de Galicia, a la cola del Estado, "es uno de los principales problemas". El presidente, sin embargo, no supo decir qué presupuesto se dedicará a estas medidas, que tienen carácter transversal y afectarán a varios departamentos de su Gobierno. La red contará también con las "aportaciones de las entidades sociales que trabajan en la materia en Galicia". La ley aprobada por el PP permite a la Xunta delegar parte de la labor con embarazadas a grupos provida como los adheridos a la Red Madre, que sostiene que el aborto "es un atentado contra la salud y la libertad de la mujer, es una terrible decisión que marcará trágicamente el resto de su vida".
El plan contempla 49 nuevas medidas repartidas en ocho áreas: igualdad, sanidad, educación, vivienda, transportes, emigración, trabajo y bienestar. El presidente de la Xunta desgranó alguna de las medidas tras la reunión del Consello que ayer aprobó el plan, entre ellas que los ayuntamientos y otras instituciones públicas tendrán preferencia a la hora de comprar o alquilar locales propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo para poner guarderías en funcionamiento. Además, las mujeres embarazadas menores de edad podrán flexibilizar su periodo de escolarización, y la Consellería de Benestar reservará plazas en sus residencias juveniles para mujeres gestantes que estén estudiando y sus parejas.
Las embarazadas con discapacidad tendrán preferencia en las ayudas a la promoción de la autonomía personal, así como para acceder a las ayudas de mujeres emprendedoras cuando se produzca una interrupción laboral a causa de las dificultades de compaginar la vida familiar y profesional.
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