La Junta reclama al Gobierno 1.379 millones por los anticipos de 2011

En el rifirrafe que mantienen la Junta y el Gobierno sobre el estado de las cuentas autonómicas y el saldo de las deudas pendientes entre ambas, la administración autonómica ha encontrado en los cajones una cuenta pendiente por cobrar de 1.379 millones de euros que ya ha reclamado por escrito.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha enviado una carta al ministro Cristóbal Montoro en la que exige el pago de estos 1.379 millones que están pendientes de pago de los anticipos devengados en el año 2011. La intención de la Junta es advertir de dicha factura pendiente para que el Gobierno la tenga en cuenta en la liquidación de sus ajustes con la Junta. "Solicito que no tenga un efecto negativo en la necesidad de financiación de esta Administración", afirma la consejera en su carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras recordarle que dichas obligaciones no han sido ingresadas y no pueden suponer un perjuicio a la comunidad autónoma.

El dinero reclamado corresponde a la financiación autonómica

La Junta recuerda que en esta reclamación estaba de acuerdo el PP, y que incluso comunidades autónomas como Madrid y Galicia, gobernadas por los populares, presentaron un contencioso en la Audiencia Nacional como hizo Andalucía para reclamar al Gobierno socialista cantidades por este mismo concepto y "precisamente a instancias de los actuales secretarios de Estado del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas".

En concreto, la Junta espera que esta cantidad se descuente de la liquidación de lo que la Junta deberá devolver al Estado por los cálculos erróneos de financiación de los ejercicios 2008 y 2009 que se estima en unos 6.110 millones de euros, y para los que el Gobierno ha concedido un plazo de 10 años, según se acordó hace una semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La Junta acudió a la vía de lo contencioso para recurrir contra la orden de entonces ministra de Economía, Elena Salgado, que rechazó en junio la concesión de anticipos solicitados por la administración andaluza.

La cantidad de 1.379 millones de euros es una estimación de la consejería de Hacienda, y en la carta se advierte de que se fija así "sin perjuicio de una mejor cuantificación".

La reclamación de la Junta constituye un nuevo capítulo en el enfrentamiento que mantiene con el Gobierno por la situación de las cuentas de la administración andaluza. En la riada de reacciones que han producido las afirmaciones el viernes de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría quien señaló que el Gobierno estaba preocupado por una posible suspensión de pagos de la Junta, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, consideró ayer que el asunto es "muy preocupante".

Aseguró que " sembrar dudas sobre la capacidad económica de Andalucía "raya la responsabilidad", y acusó al Gobierno de "inventarse problemas de Andalucía mientras se silencian y se tapan problemas muchos más importantes que hay en otras comunidades autónomas".

Moreno atribuyó la actitud del Gobierno a una estrategia del PP ante las elecciones autonómicas del 25 de marzo y dijo que hasta esa fecha el Ejecutivo se comportará así, cuestionando y descalificando la política de la Junta desde la institución. "La principal obligación de un Gobierno es generar confianza, y eso no se consigue con informaciones falseadas, censuró la portavoz de la Junta, quien advirtió de las consecuencias de esta estrategia y consideró que con afirmaciones que no responden a la realidad "lo único que ponen en peligro y en jaque es la confianza y el crédito de Andalucía", informa Efe.