Total impunidad

Cuando Alberto Fabra sustituyó a Francisco Camps, pensaba que habían cambiado un "presunto" por un alto ejecutivo de Hewlett Packard y solían decirme que estaba equivocado, que este Fabra no tenía nada que ver con esa empresa ni con el aeropuerto de Castellón.

Han pasado algunos meses y el tiempo va aclarando las cosas. Quizá no estaba yo tan desencaminado: puede que no sean familia, pero el actual presidente de la Generalitat Valenciana ha provocado el estupor de la ciudadanía, pues lejos de exigir responsabilidades a su homónimo por los desmanes cometidos, los 300.000 euros del director del citado aeropuerto, etcétera, ha decidido castigar al personal docente a sufragar la nefasta gestión del PP valenciano, detrayendo por decreto el 50% de los sexenios conseguidos a lo largo de nuestra vida profesional.

Esta forma de proceder manifiesta el posicionamiento del poder político en connivencia con las grandes empresas, aplicando medidas de corte neoliberal más propias de una dictadura que de un Estado democrático y de derecho.