La reforma laboral de nunca acabar

En España se cree en el poder taumatúrgico de las leyes. A cada problema hay que oponerle una ley o una reforma de la ley que lo resuelva. Y el paro, qué duda cabe, es el gran problema que aqueja a España. El mercado laboral está enfermo, una tasa del 21,5% de desempleo certifica el diagnóstico. La medicina está clara: una reforma del Estatuto de los Trabajadores. El nuevo Gobierno ya la ha anunciado. Será la enésima de la democracia y tendrá un reto tan grande como las anteriores, poner los cimientos para que en la próxima crisis, España no vuelva superar el 20% de paro.

Para tener éxito y poner punto final a este cuento de nunca acabar en que se ha convertido la reforma laboral durante la crisis -se han abordado dos significativas y no han satisfecho a nadie-, el catálogo de modificaciones tendrá que ser amplio. "Casi todas las reformas laborales que se han aprobado hasta ahora han sido muy parciales", analiza el economista laboral José Ignacio Pérez Infante, director general de Empleo en los años ochenta, cuando se le pregunta por qué no se ha tocado la tecla adecuada todavía. Aunque en su opinión cabe la duda de que ahora, en medio de una recesión, sea el momento adecuado porque pueden agravar el problema: "No es el momento, porque las medidas para la contratación no funcionan, mientras que las del despido, sí".

Los cambios laborales tendrán que ser amplios y pactados para ser eficaces

La temporalidad es el problema más grave que hay que atajar

Las modificaciones hechas hasta ahora han sido parciales y limitadas

Hay que tener cuidado para evitar efectos segundarios no desados y dañinos

Fedea, una fundación de estudios económicos patrocinada por las grandes empresas, coincide en el diagnóstico: "Nuestra larga historia de acuerdos y reformas parciales nos ha conducido a un caso extremo de mercado laboral segmentado". Discrepa en la urgencia, cree que tendría que haberse hecho antes, y que hasta el momento se ha perdido el tiempo.

El excesivo peso de los contratos temporales, el 26% del total, es la diana a la que dirigen el objetivo todos los expertos. Fedea habla de segmentación. "Dualidad" le llaman Pérez Infante o Jesús Lahera, profesor de Derecho Laboral. El Gobierno también mira en esa dirección. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se declaró partidario de un contrato único indefinido como solución. Y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no ha querido aclarar en qué está pensando exactamente el Gobierno. Solo anticipó una simplificación del número de contratos. Pero para otros, como Luis Toharia, profesor de Economía Laboral, el contrato único no es más que una "solución semántica", según explica en su último artículo, publicado en la Gaceta Sindical de CC OO.

Para el catedrático de Derecho Laboral, Jesús Cruz Villalón, resolver este problema, y el resto del mercado laboral, requiere una reforma amplia. "La temporalidad no funciona aisladamente. Esto no es una pieza independiente del convenio o del despido". En otras palabras, la reforma laboral tiene que ser amplia.

Pero esa gran reforma laboral, que necesitará la ayuda y el empuje de la vuelta del crédito y la recuperación económica para funcionar, precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de éxito. Los cambios en el Estatuto de los Trabajadores efectuados hasta ahora que no han contado con el apoyo de UGT, CC OO, CEOE y Cepyme se han bloqueado cuando llegaban a las empresas. Fue el caso de 1994. La que ha sido la reforma laboral más ambiciosa hasta el momento, que provocó una huelga general, se paralizó hasta que se recompusieron las relaciones entre sindicatos y empresarios en 1997.

Sin embargo, ese precisamente, el pacto social, es el principal obstáculo para una reforma laboral amplia. Los sindicatos y los empresarios no se han puesto de acuerdo durante toda la crisis cuando se ha tratado de llevar a cabo cambios de calado en la norma. Pasó en 2010. Volvió a pasar en la reforma de convenios del año pasado. Y han tropezado otra vez ahora.

El acuerdo que han puesto sobre la mesa, por el momento, no toca los temas sustantivos: contratación, formación, negociación colectiva o despido. Y abona afirmaciones como la de Pérez Infante: "Siempre que ha habido una reforma pactada, los acuerdos han sido de mínimos". Es lo que sucedió en 2006, cuando Gobierno y agentes sociales se unieron para atajar la temporalidad solo a base de límites en el encadenamiento de contratos y con bonificaciones a la contratación

Conscientes de que la legitimidad de los agentes sociales, también llega por su capacidad de encontrar puntos en común, ambas partes tratan estos días de alcanzar un acuerdo de moderación salarial para capear la recesión en la que se adentra España. Esta es la vía, en realidad una subida de sueldos por debajo de la inflación (traducción: una rebaja real de las remuneraciones de los asalariados), más rápida y sencilla que encuentran agentes sociales, Gobierno y organismos internacionales (Banco Central Europeo, FMI, OCDE...) para que las empresas españolas ganen mercado exterior y no tengan que destruir empleo.

El acuerdo está cerca, según apuntan varias fuentes de la negociación. Incluso en donde parece más difícil, en la estructura de la negociación colectiva, esto es, en qué tipo de convenio (sectorial o empresarial debe prevalecer o qué materias debe abordar cada uno). De hecho, hay un sector que ya ha marcado el camino: la construcción.

El pasado viernes el ladrillo firmó un pacto hasta 2016. En él se contempla una subida a partir de este año de las tablas salariales de 2011 del 1%, casi un punto por debajo de lo previsto por la mayoría de analistas para el IPC. Y además, pese a que el acuerdo es plurianual, la revisión de cada año se tendrá que acordar para cada ejercicio. De esta forma, se trata de corregir uno de los principales defectos de los que adolece la negociación colectiva: la lentitud de los sueldos para adaptarse a los cambios de la coyuntura económica, como sucedió en 2009, cuando la economía caía y se bordeaba la deflación, mientras los salarios crecieron un 2,2%.

Además, la patronal y los sindicatos de la construcción han establecido criterios objetivos para que las empresas en dificultades -una caída del 12% del resultado de explotación o de la facturación por empleado- puedan dejar de cumplir con las exigencias del convenio en asuntos como el régimen salarial, los horarios o la jornada. Con una condición: que se hayan cumplido los acuerdos de años anteriores, lo que deja fuera a las provincias andaluzas.

A este tipo de cláusulas los expertos le llaman flexibilidad interna, una de las grandes ausentes del mercado laboral español, que en otros países europeos, como Alemania, han salvado miles de puestos de trabajo en la Gran Recesión. "Se puede hacer mucho en este tema, tanto en la ley como en los convenios", explica Cruz Villalón, "pero los cambios tienen que estar equilibrados entre sindicatos y empresarios".

La flexibilidad interna o el impulso de la contratación parcial son dos de las demandas que recoge el bufete laboralista Sagardoy para impulsar la creación de empleo. No obstante, hay que tener presente que no siempre es posible recurrir a medidas alternativas al despido. Y más en una economía con una estructura productiva como la española.

La flexibilidad interna es el instrumento al que recurren los empresarios cuando pierden facturación para no perder a los trabajadores que aprecian, normalmente por su formación y su productividad, algo que suele estar asociado al sector industrial y a los servicios de alto valor añadido. Pero en la economía española, estas ramas tienen poco peso específico y todavía menos si se trata de empleo. La industria supone el 17% del producto interior bruto y emplea a un 14% del conjunto de la mano de obra.

El listado de temas que tiene que abarcar la reforma laboral es amplio. A los enunciados hasta la saciedad (contratación, despido, negociación colectiva o flexibilidad interna), hay que sumar otros: absentismo, formación, políticas activas de empleo o desempleo juvenil. El Miniserio de Empleo ya se ha puesto manos a la obra, según ha anunciado esta semana la ministra Fátima Báñez. En el alambique normativo tendrá que conjugar el equilibrio con la necesidad. Y, sobre todo, tomar ejemplo de otras reformas con peligrosos efectos secundarios. Como la de 1984, cuando se descausalizó la contratación temporal para combatir el alto paro de entonces, o la de 2002, cuando se eliminaron los farragosos trámites del despido injustificado y casi se generalizó su uso. Porque, como dice el profesor Luis Toharia, a la luz de reformas anteriores, se debería tener en cuenta que: "Los únicos efectos grandes que suelen tener los cambios normativos del mercado de trabajo son precisamente aquellos que nadie previó".