El PP pide informes sobre la CAM pero declina las comparecencias

Primero, los papeles. Y luego, las personas. El PP no pretende convertir la comisión de investigación sobre Caja Mediterráneo (CAM) en las Cortes en un desfile de presuntos implicados. Por eso, el partido en el Gobierno valenciano se centrará en pedir informes de inspección, auditorías y viabilidad a la propia entidad alicantina, el Banco de España, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y a la firma de auditorías KPMG. Sin embargo, no ha pedido la comparecencia de personas "a la espera de analizar todos los documentos y de que los grupos parlamentarios dispongan de ellos", según explicó ayer el portavoz popular, David Serra.

Los populares consideran que la documentación solicitada es extensa, por lo que van a plantear que el trabajo de la comisión se amplíe hasta el 29 de febrero. La información requerida se divide en cuatro bloques. El primero hace referencia al Banco de España, en relación a las últimas inspecciones realizadas sobre CAM. El segundo, al requerimiento de la entidad bancaria estatal a la caja del plan de recapitalización y viabilidad. El tercero se refiere a los escritos dirigidos al IVF sobre la última inspección de la caja. Y el cuarto versa sobre la intervención del Banco de España. A la CAM se le solicitan actas del Consejo de Administración y la comisión de control, así como reglamentos internos, informes anuales de Gobierno y documentación "detallada" que acredite el contenido de los contratos relativos a los miembros de los órganos de gobierno y dirección. El plan de trabajo del PP incluye la solicitud de los informes de auditoría de las cuentas de 2008, 2009 y 2010 realizados por la firma KPMG. Serra explicó que al IVF se le solicitan informes semestrales, propuestas de la comisión de control y documentos de auditoría.

Mollà pretende que se delimiten "responsabilidades penales" en la CAM

Compromís defendió ayer que las resoluciones finales de la comisión de investigación de la CAM de las Cortes Valencianas marquen las posibles "consecuencias penales" que se deriven. La diputada autonómica de la formación, Mireia Mollà, presentó ayer su plan de trabajo en Alicante, ante la sede de la CAM. "Las resoluciones finales no deben quedar como algo políticamente correcto pero poco efectivo sino que debe ir más allá", dijo.

Compromís pide la comparecencia de 45 personas presuntamente implicadas en la gestión de la CAM, entre ellos Alberto Fabra, Francisco Camps, José Manuel Vela, Gerardo Camps, el director del IVF, el gobernador del Banco de España y varios miembros del consejo de administración de la CAM. Mollà apuntó al IVF como responsable "de primer orden" de la quiebra de la entidad, junto al Consejo de Administración de CAM.