La batalla judicial de los 'pinchazos'

La investigación policial y judicial de la trama del caso Brugal se gestó entre marzo de 2007 y junio de 2010. En esos tres años el sumario engordó hasta llegar a los 40.000 folios. El grueso de las diligencias lo integran centenares de horas de escuchas practicadas a los cabecillas de la supuesta trama, encabezados por el exlíder del PP de Alicante José Joaquín Ripoll y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

El 6 de julio de 2010 y sobre la base de esas intervenciones telefónicas, el instructor general, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, desencadenó la operación policial que acabó por destapar la envergadura de la trama (decenas de supuestos cohechos por negocios vinculados al negocio del urbanismo y las contratas de la basura).

Pero la iniciativa del instructor (en esa fecha el magistrado Carlos San Martín) también reveló que la principal prueba de cargo de la acusación pública, encarnada por la Fiscalía Anticorrupción, era precisamente el contenido de las escuchas telefónicas.

Desde esa fecha, las defensas de los imputados (en la actualidad 56 personas en las diferentes piezas) decantaron el peso de su estrategia judicial hacia las escuchas en un intento de anularlas antes de que se consolidara la instrucción y, sobre todo, para frustrar que finalmente ninguno de los imputados llegue a sentarse en el banquillo de los acusados.

El primer arreón de las defensas contra los pinchazos fue ante el instructor general, el mencionado Carlos San Martín. Los abogados recurrieron los autos de prórroga de las intervenciones alegando vulneración de los derechos fundamentales y falta de motivación. Paradójicamente, San Martín, que había firmado algunas de las prórrogas, emitió el pasado mes de junio un auto en el que anulaba parte de las intervenciones. Y ello pese a admitir que no era el momento procesal oportuno y que el órgano competente para validar su legalidad es el juzgador de los hechos. Los beneficiados por esta resolución fueron Ripoll, Ortiz y Fenoll. La Fiscalía Anticorrupción ha apelado la resolución a la Audiencia de Alicante.

La sala que tiene que resolver este recurso de la Fiscalía al auto de San Martín es la sección 7ª con sede Elche. Fuentes de la Audiencia de Alicante han informado de que el alto tribunal ya ha remitido a la sala de Elche la resolución de la sección 1ª dictada ayer sobre esta cuestión y que avala las escuchas de la pieza del PGOU de Alicante. Si la sala de Elche se suma a los argumentos de la de Alicante revocará el auto de San Martín y validará el global de las escuchas.