La Fiscalía de Valencia investiga si hay delito en el caso de las prótesis PIP

La Fiscalía provincial de Valencia ha abierto diligencias previas para investigar si lo ocurrido con las prótesis de mama PIP, elaboradas con silicona de uso industrial no homologado y con un riesgo de rotura tres veces mayor al habitual, es constitutivo de delito. La investigación, que se realiza a petición de una denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente, determinará si se pueden reclamar responsabilidades a la empresa fabricante, la francesa Poly Implant Prothèse (PIP); a las autoridades sanitarias, que no detectaron a tiempo el supuesto fraude -en España hay entre 8.000 y 12.000 mujeres con prótesis de esa marca-, y a los médicos que las implantaron. Si la fiscalía determina que los hechos son constitutivos de delito enviará el caso al juzgado para continuar con el proceso.

El plazo para realizar estas investigaciones es de seis meses, prorrogable a otros seis, según explicó ayer una portavoz de la Fiscalía de Valencia. Se prevé, además, que sea una investigación larga. La denuncia de El Defensor del Paciente informa de casos de mujeres con problemas con estos implantes en Valencia, Castellón y Alicante. Valencia es una de las regiones donde más prótesis de esta marca se implantaron ya que el distribuidor de Poly Implant Prothèse, fundada en 1991 y que llegó a ser tercera del mundo en el sector, tenía una sede en esa comunidad. Además, en los hospitales públicos de Valencia (como en otros lugares del país) se implantaron PIP a unas 650 mujeres para reconstrucciones mamarias por razones médicas.

A la denuncia del Defensor del Paciente se suma otra de una mujer registrada en Murcia la semana pasada y que ya ha sido admitida a trámite. Además, una organización que agrupa a cientos de afectadas -el foro donde se organizan contabiliza 1.300- de toda España prepara una demanda para exigir responsabilidades por lo ocurrido.

El escándalo de las PIP, retiradas del mercado tras una alerta sanitaria de las autoridades francesas cuando descubrieron el fraude en 2010, ha levantado una crisis sanitaria en todo el mundo. En Francia -donde la compañía, en quiebra desde 2009, tenía su sede-, las autoridades han recomendado a las mujeres que se las extraigan. Una decisión sin precedentes -tomada 18 meses después de la alerta, por la detección de roturas- que han seguido otros como Holanda, Alemania, Venezuela o Brasil. España y Reino Unido solo aconsejan la retirada si hay rotura.

El fraude de las PIP ha revelado grandes carencias en el sistema de control de estos productos sanitarios. La falta de controles estrictos y de un registro de incidencias que dé cuenta de los problemas que presentan estas prótesis fueron un caldo de cultivo apropiado para que el empresario de las PIP, Jean Claude Mas, ocultara su fraude.