Ante la ruleta rusa

Imagine a un tipo con un revólver en la sien y apretando el gatillo una, dos y hasta tres veces. Así se debe de sentir el juez Baltasar Garzón ante los tres procesos sucesivos por los que le van a juzgar en el Tribunal Supremo. Solo que la bala imaginaria de ese revólver va a acabar con su carrera como juez.

Garzón es un luchador y peleará hasta el final, pero él mismo ha asumido e interiorizado el resultado de estos juicios. Ya de entrada, en el caso de las escuchas de la Gürtel dos de los siete magistrados que le juzgan, el progresista Luciano Varela y el conservador Manuel Marchena, que han instruido o están instruyendo dos de las causas por prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional -la de los crímenes del franquismo y la de los pagos por los cursos de la Universidad de Nueva York- han sido recusados en repetidas ocasiones por el propio Garzón por entender que han perdido su imparcialidad. La última vez que formuló la recusación fue ayer, ante el propio tribunal, en el que figuraban los dos recusados. Y el tribunal despachó la petición con una lacónica respuesta: son cuestiones ya resueltas anteriormente.

Le han denegado la mayor parte de las pruebas que había propuesto para su defensa, aunque ayer el tribunal aceptó el testimonio del funcionario Vicente Maroto, que presenció cómo los policías de la Unidad Antifraude (UDEF) le plantearon la necesidad de intervenir las conversaciones de los jefes de la trama Gürtel en prisión con la finalidad de prevenir delitos de blanqueo de dinero y que evadieran varios millones de euros a paraísos fiscales.

Sin embargo, Garzón se ve condenado. Prueba de ello es que el todavía juez formuló una novedosísima petición, como es que el Tribunal Supremo tenga prevista una segunda instancia a la que recurrir, para el caso de que fuera condenado.

Los delitos cometidos por personas que tienen fuero, ya sean miembros del Gobierno, parlamentarios o jueces, son juzgados por la Sala Penal del Tribunal Supremo, pero contra esa decisión no cabe recurso ni segunda instancia.

El Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos, suscrito por España, obliga a tener una segunda instancia penal, es decir, que otro tribunal distinto pueda revisar la eventual condena y la Justicia española ya ha sido condenada en varias ocasiones por no disponer de esa opción en los juicios contra aforados en el Tribunal Supremo. Los rapapolvos de los tribunales internacionales supusieron que la segunda instancia se incluyera en varias reformas legislativas, pero nunca fue aprobada porque los proyectos decayeron al llegar al final de la legislatura.

Garzón propuso ayer que su caso tenga una segunda instancia, es decir que si es condenado su caso sea revisado por la Sala del artículo 61, integrada por los presidentes y los magistrados más antiguos y más modernos de cada sala. El tribunal le contestó que esa es materia del legislador.

Superó con nota a los letrados de la acusación y no tuvo el mal gusto de proclamar como suelen hacer los culpables: "Confío en la justicia".

La ruleta rusa está en marcha.