El Popular entrevista a los 3.800 empleados del Pastor
Uno a uno, durante meses, los empleados del Banco Pastor han sido entrevistados por los responsables de Recursos Humanos del Banco Popular tras el anuncio de absorción del pasado mes de octubre. La ronda de encuentros terminó el viernes para la plantilla gallega -más de 2.000 personas de las 3.816 que tiene en total- y continuará ahora con las personas en nómina del banco que trabajan en el resto de España.
En cada encuentro, de duración variable -entre un cuarto de hora y más de una hora, según fuentes de los trabajadores-, el equipo del banco que preside Ángel Ron realizó una ficha con el desempeño profesional, las capacidades y las expectativas de futuro de los entrevistados. "Es una forma de hacer las cosas poco a poco de cara a cuantificar cómo se articulará la integración", señalan desde el departamento de comunicación.
Los sindicatos, que a petición de CIG tendrán hoy una reunión con la dirección, denuncian sin embargo que hay personas que están recibiendo presiones para que acepten su traslado antes de que se inicie la negociación con el comité de empresa. "Vamos a exigir garantías de empleo para todos los puestos", asegura Gladis Afonso, secretaria de la sección sindical de CIG.
Pensiones vitalicias
En la cúpula la selección de personal es distinta. El Popular ha contratado a una empresa externa para que evalúe a los directivos del banco gallego de cara a su futura incorporación en el grupo. En cuanto a las retribuciones de la alta dirección, compuesta por ocho personas, el último informe remitido a la CNMV detalla que entre enero y octubre del año pasado percibieron casi un millón de euros. En todo el 2010 esa cantidad fue de casi 1,8 millones.
Los nueve consejeros, entre los que se encuentra el presidente, José María Arias, ingresaron en total hasta el 30 de septiembre 1,6 millones por salarios (casi un millón), dietas (360.000 euros) y atenciones estatutarias (338.000 euros). El presidente y otros dos consejeros tienen derecho a cobrar una pensión vitalicia "calculada como la suma de todas las percepciones que tendría derecho a recibir el consejero durante el ejercicio en que se produjera jubilación o renuncia". Según fuentes cercanas al consejo, estas pensiones rondarían los 87.000 euros anuales.
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