Cargos de la Universidad de Santiago declararán como imputados por prevaricación

El rector de la Universidad de Santiago (USC), Juan Casares Long, tendrá que declarar como imputado por la contratación supuestamente irregular de una trabajadora en la Fundación USC Deportiva. Junto al rector, están llamados a declarar ante el juez el exgerente de la institución, Carlos Feijoo, y la trabajadora Rocío Bulnes. Los tres fueron denunciados por los sindicatos UGT y CIG, que los acusan de malversación de fondos públicos y prevaricación por "cubrir un puesto fijo con una trabajadora eventual sin ningún tipo de proceso de selección".

La historia completa es más enrevesada y está pendiente de tres querellas. El despido por motivos disciplinarios de una trabajadora de la fundación, a comienzos de 2009, está pendiente de un recurso de casación en el Tribunal Supremo. Según indicó el responsable sectorial de Cultura y Deporte de UGT, Reimundo Méndez, la empleada fue despedida el mismo día que se anunció su candidatura a representante electoral en la fundación. Su puesto administrativo fue el que se cubrió con una trabajadora de la piscina universitaria "a dedo", según el relato sindical. "Es muy grave que despidan a un candidato a representante de los trabajadores. Es gravísimo en una institución como la universidad y totalmente inadmisible. Queremos la readmisión de esa trabajadora", defendió Méndez, que compareció ayer junto a Paulo Rubido, sindicalista de la central CIG. Méndez también consideró "ilegal" la sustitución del puesto que "no pasó ninguna prueba".

Deberán comparecer también el exgerente de una fundación y una empleada

Rubido resumió la situación de la fundación como "irregular". Tras su conversión desde concesión de un club privado a fundación, los nuevos empleados se "contrataron como eventuales", explicó Rubido, por lo que, "ante un proceso sindical, la fundación actuó como una empresa fulera y le cortaron la cabeza" a la representante de UGT.

El tercer enredo legal es sobre la convocatoria de empleo de la fundación, que UGT y CIG consideran "injusta". "Es desproporcionado que las puntuaciones del expediente y la entrevista sumen el 50% de los puntos", explicó Méndez.

Los representantes sindicales reclamaron la dimisión del actual rector de la USC, petición a la que se sumaron los sindicatos estudiantiles Comités y Liga Estudantil Galega. "Un señor imputado no puede dirigir una universidad", afirmó Rubido. La contratación de Bulnes se produjo un mes después de que Casares Long asumiera el cargo, pero antes de su nombramiento como presidente del patronato de la fundación. La USC considera por eso "incomprensible" que CIG y UGT "impliquen" a Casares Long en unos hechos "en los que no participó ni a título personal ni como rector" y en una querella en la que "ni se le cita" en el relato de los acontecimientos. Méndez, sin embargo, insistió en que mantuvo una reunión con el rector en la que le informó sobre el despido y posterior contrato. "Tenía conocimiento de la situación y huyó hacia adelante", dijo. Casares Long entiende que la denuncia es falsa y se reserva el derecho a llevar a cabo acciones legales por el daño ocasionado, apunta la USC.

La reacción del exgerente Carlos Feijoo es similar e insiste en que desconoce la imputación más allá de la información de los medios. Feijoo también ve "incomprensible" las acusaciones porque "se hizo fija a una persona que tenía los requisitos legales para convertir su trabajo por obra en fijo". "Lo que hice fue cumplir estrictamente la ley laboral", apunta. El exgerente se reserva también la posibilidad de querellarse por calumnias contra los denunciantes. Los representantes sindicales, que comparecieron acompañados por una abogada de la central CIG, no descartaron ampliar su querella al anterior rector, Senén Barro, y en los delitos que pueda dar la investigación del juez. El rector Casares Long declarará el próximo 6 de febrero en el juzgado número 2 de Santiago, cuyo titular es José Antonio Vázquez Taín, según los sindicatos.