Los funcionarios se rebelan y Fabra pide que aguanten

La Comunidad Valenciana vivió ayer una jornada de contestación a los recortes de 1.057 millones de euros aprobados por el Gobierno valenciano el pasado viernes, y cuyo principal impacto se produce en el sueldo de los funcionarios de sanidad y educación, así como los trabajadores interinos. Los sindicatos convocaron para el mediodía de ayer concentraciones en todos los centros de trabajo de la Generalitat valenciana (hospitales, centros educativos, consejerías,...) durante cinco minutos, mientras los delegados sindicales realizaban asambleas en las sedes del Consell en Valencia, Alicante y Castellón.

El seguimiento en centros sanitarios y educativos, a falta de cifras oficiales, fue elevado y el malestar afloró a las puertas del Palau de la Generalitat, en Valencia, donde la policía tuvo que intervenir para desalojar de forma pacífica a unos 50 sindicalistas que penetraron en el Palau de Fuentehermosa (sede de la Portavocía del Gobierno valenciano), donde se iba a celebrar la habitual rueda de prensa del Consell tras la celebración del pleno de la mañana. Los delegados sindicales aglutinados en una plataforma contra los recortes entraron en el Palau sin que el guardia de seguridad y el policía que custodian la puerta pudiesen impedirlo.

Los colegios públicos amenazan con encierros y cese de extraescolares

Los empleados de los juzgados y Ayuntamientos protestan en la calle

Los concentrados, más de dos centenares, exigieron la dimisión del consejero de Hacienda, José Manuel Vela, quien lleva en puestos de decisión de la consejería más de una década, a la vez que profirieron gritos de "chorizos" y "ladrones". Tras el alboroto, que se prolongó durante casi media hora y en el que exhibieron una pancarta en la que solicitaban la dimisión de Vela y repartieron pasquines, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, aseguró que el Gobierno valenciano respetaba el derecho a manifestarse de los ciudadanos e hizo una llamada a la calma. Ciscar insistió en que los recortes "son unas medidas transitorias para ayudar a la estabilidad de la Comunidad Valenciana". "Que la ciudadanía entienda que estamos pasando una situación complicada y las medidas son para superar los problemas. Vamos a salir de esta situación", añadió.

El propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, instó a los empleados de la Administración valenciana, en una entrevista en Onda Cero, a "apretar los dientes, cerrar los puños y seguir adelante". Fabra les pidió esfuerzo y comprensión para salir de la grave crisis.

Las protestas alcanzaron también al sector público. Tras el anuncio de un expediente de regulación de empleo en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) que afectará a más de 1.000 de los 1.800 empleados, un nutrido grupo de trabajadores ocupó la octava planta de Canal 9. El incidente se produjo tras una asamblea de trabajadores. Cerca de 300 personas, según los sindicatos, ocuparon pacíficamente la planta en la que se encuentra el despacho del director general de RTVV, José López Jaraba, a quien le expresaron su indignación y le exigieron que se depuren las responsabilidades de la mala gestión.

Las protestas de los empleados públicos se sucedieron en las tres provincias, mientras el Consell intentaba calmar el malestar de distintos colectivos cuyo futuro se ve amenazado por los impagos de la Generalitat.

La consejera de Educación, María José Catalá, se comprometió ayer a pagar la deuda del tercer trimestre del año pasado a los 450 colegios concertados de la Comunidad Valenciana, que asciende a 22 millones de euros por sus gastos de funcionamiento. Catalá afirmó que el pago se realizará "en torno al 20 de enero" según informó la patronal de los centros concertados al término de la reunión. La presidenta de la asociación Educación y Gestión, Vicenta Rodríguez, dijo que si la Generalitat cumple su palabra "desaparecerá el agobio" de los colegios concertados, algunos de los cuales amenazaban con cerrar. Los representantes de los centros concertados no consiguieron arrancar un plazo para el pago del resto de la deuda, correspondiente al cuarto trimestres de 2011.

Simultáneamente, la Confederación de Padres Gonzalo Anaya reclamó al Consell que la red educativa de centros públicos, que en algún caso todavía no han cobrado los gastos de mayo de 2011, "sea prioritaria en la agenda de pagos". El vicepresidente José Ciscar indicó que el pago del cuarto trimestre de 2011 a los centros públicos ya era prioritario en diciembre y que se hará tan pronto sea posible.

En Alicante la protesta de empleados públicos de las distintas administraciones por los recortes fue masiva e incluyó también a los empleados municipales y de la Administración de Justicia. También allí, la Asociación Empresarial de Centros de Enseñanza y Formación de Alicante, que aglutina a 60 academias de formación para parados y trabajadores y colegios, acordó movilizarse.

En Castellón, los profesores de varios institutos y colegios públicos anunciaron encierros y la paralización de todas las actividades extraescolares. Centenares de empleados de juzgados y centros de la Generalitat se sumaron a las protestas.

Con información de Lorena Ortega, Miguel Ángel Campos, Rosa Biot y Santiago Navarro.