¿Qué queda del proyecto Feijóo?

La pasada semana, el nuevo ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba en una entrevista concedida al Financial Times, que el Gobierno está preparando una ley mediante la cual los presupuestos de las Comunidades Autónomas necesitarán la aprobación previa del Gobierno Central. Admitía además el ministro que la situación de falta de liquidez de determinadas comunidades es una oportunidad única (coartada) para tomar decisiones centralizadoras que ningún Gobierno se había atrevido a poner en marcha antes.

Al parecer, el ministro de Economía desconoce la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (TC) en numerosas ocasiones. Por eso conviene recordarle al señor Guindos que existen numerosas sentencias del TC que consagran la posición de primacía de los Estatutos de Autonomía respecto a las demás leyes y el carácter indisponible de las competencias que solo pueden ser modificadas reformando la Constitución o los Estatutos, tal como recuerdan el profesor Eliseo Aja (El Estado autonómico) y Jesús Leguina (Escritos sobre autonomías territoriales). Gran parte de este acerbo doctrinal del TC aparece plenamente desarrollado en la sentencia más importante emitida sobre esta materia, la 76/1983 sobre el proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), ley que pretendía introducir una serie de prevenciones y controles para todas las comunidades autónomas y que la sentencia citada declaró inconstitucional. El TC subrayó, en este decisivo fallo, el carácter constitucional de la autonomía política, que no podía ser limitada por una ley estatal. Pero, además, la sentencia del TC destacaba especialmente que ninguna ley del Estado puede interponerse entre la Constitución y los Estatutos de Autonomía.

¿Reaccionarán de nuevo las fuerzas que hace 32 años impidieron la liquidación de nuestra autonomía?

Es cierto que el TC, en sentencia 134/2011 del pasado 20 de julio, ha sentado que el Estado puede fijar límites a los presupuestos del conjunto de las Administraciones Públicas. Pero dicha sentencia señala que el Estado no es el Gobierno y atribuye esa competencia de control al Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano en el que están representadas todas las comunidades autónomas y en el que, por cierto, desde hace muchos años se debate y se pacta tanto el déficit como la capacidad de endeudamiento de las comunidades autónomas, algo que nada tiene que ver con el control previo por parte del Ejecutivo como pretende imponer por ley el ministro de Economía. Pretensión absolutamente anticonstitucional que liquidaría la autonomía financiera y, por tanto, la autonomía política, consagrada por nuestra Constitución y por las sentencias del TC.

En Galicia conocemos bien esa obsesión de la derecha española de transformar en papel mojado la autonomía política. En efecto, muchos de ustedes recordarán el intento del Gobierno presidido entonces por Adolfo Suárez de condicionar las competencias de Galicia a lo que entonces se denominó "cláusula competencial", es decir, la subordinación de las competencias reconocidas en nuestro Estatuto a la aprobación de las leyes correspondientes por las Cortes Generales, lo que significaba que nuestras competencias no derivarían directamente del Estatuto, sino de la ley estatal correspondiente, y solo podrían ejercerse una vez que se aprobara ésta. El esquema diseñado no solo negaba a Galicia su derecho al autogobierno, sino que le asignaba el triste papel de servir de modelo para las autonomías de segundo orden. Pero la sociedad gallega reaccionó en defensa de su autogobierno frente a lo que se denominó O aldraxe, y protagonizó las mayores movilizaciones políticas de la historia del país -4 de diciembre de 1979- gracias a las cuales Galicia evitó su marginación y consiguió un Estatuto similar al vasco y al catalán. Posteriormente, el TC sentó la doctrina a la que me referí anteriormente y que el nuevo Gobierno del PP parece no entender ni compartir. Es el caso de la Xunta, cuya Consellería de Facenda, demostrando una absoluta incomprensión del problema de fondo, se dedicó a apoyar acritícamente la iniciativa del ministro de Guindos y a balbucear algunas incongruencias.

En todo este proceso destaca el clamoroso silencio del presidente de la Xunta, cada día más desdibujado políticamente. En efecto, carente de un proyecto político que vaya más allá de la simple gestión burocrática del presupuesto, con un papel cada vez más irrelevante desde el triunfo electoral de Rajoy, obligado a subordinar los intereses de Galicia a las necesidades del nuevo Gobierno e incapaz de abrir la boca en defensa de nuestra Autonomía (política y financiera), cabe preguntarse: ¿qué queda en pie del tan cacareado proyecto Feijóo? Nada, absolutamente nada. Solo resta saber si las fuerzas políticas y sociales que hace 32 años impidieron la liquidación de la autonomía de Galicia serán capaces de volver a defender de nuevo con éxito nuestro autogobierno.