La Generalitat de Camps adjudicó 76 contratos a dedo a la trama Gürtel

La Generalitat valenciana comenzó a contratar con la red Gürtel, formada por las empresas del grupo Correa, en 2004. Desde entonces hasta 2010 han sido un total de 85 contratos, de los que 76 fueron a dedo, sin expediente ni concurso, por un máximo, cada uno, de 12.000 euros. Se llaman "contratos menores" y, en teoría, están destinados a servicios que, por motivo de urgencia, han de encargarse con premura. Así lo plasmó el último perito que declaró ayer en el juicio al expresidente del Consell, Francisco Camps, y al ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, por la llamada causa de los trajes.

La acusación se basa en que, por su condición de autoridad, recibieron regalos de la trama corrupta, en forma de prendas de vestir. Y de ahí que las acusaciones quisieran plasmar la relación del Gobierno valenciano con el grupo Correa.

La defensa fracasa en su intento de que no se reproduzcan las grabaciones

El técnico de Hacienda, que fue el que realizó el informe de análisis de toda la contratación del Gobierno de Camps con la trama, sostuvo en su declaración que en al menos 14 actividades se troceó el objeto del contrato con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación y "vulnerando los principios de publicidad y concurrencia". Además, adujo que los contratos menores "no se pueden impugnar", son irrecurribles, contestando así a las defensas de Camps y Costa que preguntaron, hasta la saciedad, a los funcionarios y cargos de la Generalitat si los contratos fueron impugnados. Ayer, manteniendo la versión del expresidente, las defensas se acogieron al hecho de que los contratos suponen un 0,5% de la contratación total de la Generalitat, pero no abundaron en sus irregularidades.

El final de la fase de testigos peritos y el inicio de la documental dio paso a un duro enfrentamiento entre las partes. A un lado, las defensas, partidarias de que durase "dos minutos" y se quedaran sin reproducir en la sala las conversaciones intervenidas por la policía y sin exhibir ninguno de los muchos documentos que existen, a cambio de que todo se pusiera a disposición de los jurados por si quisieran consultarlo durante la deliberación.

Al otro lado, las representantes del ministerio fiscal y la acusación popular, que se inclinaban por reproducir y exhibir solo las grabaciones y documentos más importantes y dejar el resto al alcance del jurado por si quisiera repasarlos. Los abogados de las defensas rechazaron la oferta e insistieron: o no se practicaba ninguna prueba o impugnarían toda aquella que no se hubiera visto o escuchado en la sala, con el objetivo de restarle toda validez de cara al veredicto. Las fiscales fueron claras: "Esa postura nos aboca a solicitar que se practique toda la documental que obra en la causa".

En el fondo de la disputa se observaba una situación parecida a la de partida. Fiscalía y acusación popular disponen de munición de gran calibre contra los acusados en forma de decenas de documentos y grabaciones comprometedoras. Las defensas no: el abogado de Costa reconoció que él solo iba a pedir que se exhibiera un documento; Boix admitió que solo pondría "una o dos grabaciones".

Su peor escenario era, sin embargo, que solo se viera una selección de las pruebas más dañinas para Camps y Costa. Antes que eso preferían que se vieran todas, con la esperanza de que su tortuosa práctica, que llevará varios días, disuelva el impacto de las más devastadoras. La solución, hoy a primera hora.