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Reportaje:

¿Cabe el copago judicial?

La propuesta de establecer una tasa "pedagógica" para limitar el recurso a los tribunales y evitar su saturación desata la polémica entre la judicatura

La crisis amenaza con desbordar los saturados tribunales. Al creciente hábito de litigar se suman los procesos derivados de una situación económica que amenaza, incluso, con limitar los ya de por sí contados recursos de la Justicia. La descongestión se antoja tan acuciante en el escalafón de las prioridades públicas como la sanidad o los servicios sociales, por lo que la búsqueda de alternativas apremia para no bloquear el sistema. Una de las más polémicas que se han presentado pasa por establecer una especie de tasa "pedagógica o disuasoria", según sus promotores, para evitar el "abusivo" recurso de los ciudadanos a los juzgados. Una polémica medida que no todos comparten entre la judicatura.

Según Guija, "no se puede movilizar todo el sistema para 20 céntimos"

Una quinta parte de los procesos carecen de la entidad suficiente

"Esto evidencia que aquí manda la derecha", sostiene un juez progresista

En opinión de otro magistrado, "hay que racionalizar" el uso de la Justicia

Fue a finales de noviembre cuando Vitoria acogió las jornadas nacionales de jueces decanos. Una reunión anual que acostumbra a poner sobre la mesa cuestiones que preocupan al sector para debatir sobre ellas en los años venideros. La cita cobraba especial relevancia esta vez, tras el cambio de Gobierno derivado de las elecciones generales. No defraudó las expectativas. Entre las conclusiones del encuentro, los magistrados lanzaron a la opinión pública una iniciativa que se llevaba tiempo gestando: cobrar, una cantidad variable y pendiente de establecer, por hacer uso de un servicio público como la Justicia. Latente la amenaza del copago sanitario, ¿por qué no plantear algo parecido para el ámbito judicial?

El establecimiento de tasas por litigar, de momento, lo contemplan sus promotores solo para "casos concretos", con el objetivo de "acomodar la litigiosidad formal a la real". "Lo que no tiene sentido es recurrir a la Justicia y movilizar todo su entramado, con el gasto que conlleva, por un problema de 20 céntimos en una nómina", sostiene, a modo de ejemplo, el juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija. Según reconoce, ese supuesto trabajador "está en su derecho de reclamar lo que considera suyo", pero debería hacerlo a través de "otros mecanismos" que se tendrían que fomentar, como la mediación, para resolver esas cuestiones menores. "El coste es elevadísimo y el sistema no aguanta", advierte.

Lo que se pretende evitar, en definitiva, es el creciente hábito de "acudir por acudir" a los tribunales, según algunos juristas. Sus cálculos apuntan a que una quinta parte de los pleitos no tienen la suficiente consistencia como para movilizar el complejo sistema judicial. El fallo del sistema, en parte, también es interno. La remuneración de los abogados de oficio, por ejemplo, está vinculada a la presentación de apelaciones. Si bien la Justicia gratuita está garantizada para los más necesitados, el problema radica en que en la evaluación del servicio se impone la estadística, lo que provoca que, en ocasiones, se recurra solo por alcanzar unos determinados números.

Los impulsores de la medida reniegan de cualquier "afán recaudatorio" e incluso se atreven a defenderla desde un punto de vista social. Según esgrimen, la tasa planteada debería ser variable y podría afectar, de forma proporcional, a los juicios con grandes sumas de dinero en juego. "Es de justicia que las personas de gran capacidad económica contribuyan con sus recursos al sostenimiento del sistema", reivindica un destacado magistrado, quien apuesta, en el extremo opuesto, por impulsar la figura del árbitro para resolver los conflictos menores. Consciente de la compleja tramitación administrativa que requieren los cambios, emplaza a impulsarlos "cuanto antes".

Lo cierto es que la tasa de pendencia se incrementa de forma alarmante en los juzgados españoles, que reciben cada año más asuntos de los que resuelven. Una tendencia que solo Euskadi fue capaz de romper el año pasado, en parte, debido a los buenos medios tecnológicos que acompañan a una plantilla compensada tras la continuada inversión pública de los últimos ejercicios. La preocupación, sin embargo, es latente también entre una judicatura vasca que solo coincide al considerar que "algo hay que hacer". Sobre qué, no hay consenso, ya que la tasa no convence a buena parte de los profesionales.

"No es más que una evidencia de que aquí manda la derecha", sostiene un magistrado progresista, incapaz de entender "cómo se puede defender el cobro de un servicio público en época de crisis". "Reducir la carga de trabajo no es más que una pretensión egoísta que quiere hacer desistir a los ciudadanos de su derecho. Es como fomentar que, si me roban el coche, mejor no lo denuncie", considera. En su opinión, la solución a la saturación debería pasar "justo por lo contrario: ampliar la capacidad de resolver creando nuevos juzgados, aunque esa inversión sea solo coyuntural".

Otras contrastadas voces de la magistratura se sitúan a medio camino y apuntan a la "inadecuada utilización" de los recursos como clave de la complicada situación. Hay quien incide, incluso, en la necesidad de "darle una vuelta al sistema" para determinar "si todo es judicializable". Los que señalan a un problema de cultura como raíz se multiplican. Según uno de ellos, "resulta demasiado fácil y gratuito poner una demanda. Más que cobrar, quizá habría que incidir en la educación para racionalizar el recurso a los tribunales".

Agosto y menos garantías, las alternativas

Al igual que otros sectores, la Justicia vive una época turbulenta en busca de salida a sus carencias. Si bien ha sido la más polémica, la propuesta de cobrar por acudir a los tribunales para evitar su saturación no ha sido la única alentada en las últimas semanas. Las propias jornadas nacionales de jueces decanos de Vitoria sirvieron de plataforma para que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, planteara la supresión de algunas garantías de los procesos con el objetivo de reducir su tiempo de tramitación y agilizar, así, el trabajo en los juzgados.

Aunque sin concretar cuáles pueden ser objeto de supresión, la cuestión ha dado rienda suelta a una nueva polémica, si bien varios magistrados otorgan cierto aval a la tesis de Dívar, "siempre que no afecte al ciudadano". "En otros ordenamientos se da un parte inicial a los afectados por un proceso y punto. Aquí, sin embargo, parece que hay que perseguir a las personas con sucesivas notificaciones", lamenta un destacado jurista. En su opinión, son garantías que no aportan un beneficio directo a la población y, por el contrario, sí entorpecen la tramitación judicial.

No son pocos quienes consideran que el sistema de derechos es "tan amplio" en la Administración de Justicia que influye en su propia ralentización. Sin embargo, también hay quien considera que las garantías actuales son todavía escasas, ya que "cada día se vulneran más derechos humanos", como lo demuestran, a su juicio, "el problema de la violencia machista o la proliferación de videocámaras en comisarías para evitar abusos policiales".

Otras voces apuntan a la desigual carga de trabajo entre juzgados y secciones como causa de la saturación en algunos casos e instan a una mayor agilidad a la hora de compensar las plantillas. Cualquier aportación parece buena ante un escenario que dificulta la aportación de recursos adicionales en plena crisis. A la espera de los beneficios que puedan reportar la nueva oficina judicial o la futura implantación de los tribunales de instancia, la búsqueda temporal de alternativas se antoja crucial, máxime tras el positivo pero escaso efecto de las medidas de agilización procesal impulsadas hasta la fecha.

La última propuesta ha correspondido al nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien ha eludido el debate de nuevos recursos materiales o humanos y se ha limitado a términos laborales al abogar por habilitar el mes de agosto para agilizar la tramitación de procesos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de enero de 2012

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