La venta de fincas del IARA aporta un 14% de lo previsto

La Junta de Andalucía ha ingresado 10,6 millones de euros por la venta de fincas del antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Esa cifra supone apenas un 14% de la previsión de ingresos (75 millones) que había hecho la Consejería de Agricultura cuando emprendió el proceso de enajenación de casi 20.000 hectáreas de terrenos agrícolas. Con todo, aunque el plazo estipulado en el decreto-ley por el que oficialmente se daba carpetazo a la Reforma Agraria del año 1984 expiró el 31 de diciembre, Agricultura espera incrementar sensiblemente la recaudación al darles seis meses más a los colonos y a otras personas que han comunicado su interés para que culminen en este tiempo la firma de las escrituras.

El Gobierno andaluz no solo va a prorrogar el plazo, también ha publicado en el BOJA una modificación de la Ley de Presupuestos donde se otorgan las mismas ventajas en el proceso de compra a los cultivadores provisionales, es decir, los colonos que lleven más de una década trabajando las tierras pero con una concesión que se les iba prorrogando año tras año.

Ahora podrán acogerse a los mismos beneficios que tenían los concesionarios de fincas públicas, esto es, a una reducción en el precio final de la finca de hasta un 65% en función de criterios de antigüedad, generación de empleo o según la inversión efectuada por los colonos, y también a la hipoteca promovida por la Junta, que en este proceso de venta preferencial a los colonos actúa como si fuera un banco.

"La intención es vender la mayor parte del patrimonio agrario; no tiene sentido que la Junta sea propietaria de tierras", asegura la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, quien admite que la crisis económica ha mermado las expectativas que se marcó el Ejecutivo. Para hacer más atractiva la venta, sobre todo de las fincas más grandes y costosas, se planea incluso ofertarlas en lotes más pequeños.

Hasta el momento, la Junta ha ingresado 1,5 millones por la subasta de una decena de fincas públicas libres; 2,4 millones por la venta de cuatro fincas a colonos sin acceso a la propiedad; algo más de un millón a 24 poseedores en precario (ocuparon las fincas); 1,8 millones por la venta de 723 lotes de parcelas y 106 viviendas del patrimonio agrícola a colonos con derecho de acceso a la propiedad; y, finalmente, 3,5 millones por la venta a 25 cultivadores provisionales. En la mayor parte de los casos, se trata de fincas que llevan incorporadas los derechos de pago único, es decir, las subvenciones comunitarias.

La última operación cerrada tuvo lugar unos días antes de Navidad con la venta de dos fincas con más de 1.300 hectáreas ubicadas en Villanueva de los Castillejos y Aroche (Huelva) y cuatro parcelas de invernaderos de flor cortada en Lebrija (Sevilla). La venta superó los 1,7 millones de euros, un dinero que los colonos podrán abonar mediante una hipoteca a 20 años y a un 3,5% de interés. La normativa que aprobó la Junta prohíbe la venta, división o segregación de los terrenos durante un plazo de 25 años, una medida introducida para evitar la especulación.