Jaén elimina las reservas de suelo para construir VPO

El último pleno del año del Ayuntamiento de Jaén sirvió ayer para que el gobierno local del PP consumara la eliminación de las dos áreas de reserva de suelo donde había previsto construir 11.000 casas protegidas. La medida fue duramente criticada por la oposición municipal de PSOE e IU, que la calificaron como la "sentencia de muerte" para la vivienda pública. En contraste a esta decisión, el PP ultima el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que hace un guiño a la iniciativa privada para impulsar el parque inmobiliario.

El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, justificó la renuncia a la VPO sobre la base de una sentencia del TSJA estimando una denuncia de propietarios de terrenos en Cerro Almagro. Sin embargo, tampoco ocultó que la medida sintoniza con la filosofía del PP sobre política urbanística. "¿De dónde sacamos financiación para construir 11.000 viviendas si el Ayuntamiento está en la ruina?", se preguntó tras calificar de "inviable" la operación proyectada en el anterior mandato por PSOE e IU.

Fernández de Moya mantiene parada la puesta en marcha del tranvía

La oposición granadina critica que se mantengan las dietas y la TV local

Por su parte, el concejal socialista Manuel López advirtió de que, mientras el PP renuncia a la vivienda protegida, ha proyectado en el nuevo PGOU la construcción de unas 12.000 viviendas. "¿Es que esas viviendas van a ser privadas?", le inquirió López al alcalde. Y es que el PP ya ha confirmado que en el nuevo plan, cuya aprobación inicial se producirá en febrero, que redacta el arquitecto José Seguí solo se construirán las viviendas que vengan avaladas por el sector financiero. No obstante, los populares sostienen que la eliminación de las áreas de reserva de suelo no supone que no se construyan viviendas protegidas en otras zonas de la capital. El alcalde recordó que durante el anterior mandato del PP se construyeron 61 viviendas por año, frente a las cuatro en la etapa de PSOE e IU.

El punto de mayor tensión en el pleno volvió a ser el futuro del tranvía, paralizado desde el pasado mes de mayo. El PP llevó para su aprobación el Reglamento de Circulación del Sistema Tranviario, lo que no significa que este medio de transporte se vaya a reactivar de inmediato. "No empezará a funcionar hasta que tenga un sistema de financiación viable", avisó Fernández de Moya, que recriminó las sugerencias de la oposición de que la paralización del tranvía se debía a motivos electorales y que el gobierno municipal mantendría esta postura hasta pasados los próximos comicios andaluces. "Si el tranvía es tan bueno, por qué no lo gestiona la Junta", espetó el alcalde, que recurrió al discurso del agravio al indicar que la Junta pagó 44 millones para los vagones del metro de Granada. Fernández de Moya no hizo referencia a los 100 millones de euros que el Gobierno andaluz puso para el tranvía de Jaén.

El pleno del Ayuntamiento de Granada aprobó ayer los presupuestos que contemplan la disolución de sus cinco organismos autónomos: Patronato Municipal de Deportes, Instituto Municipal de Empleo, Gerencia de Urbanismo, Centro Cultural Manuel de Falla y Huerta de San Vicente. El Ayuntamiento se ha dado de plazo para analizar qué hacer con el alrededor de un centenar de trabajadores afectados hasta el próximo mes de junio.

La oposición, integrada por PSOE, IU y UPyD, criticaron con dureza la filosofía de los presupuestos, que prevé 262,2 millones de euros de ingresos y 254,1 de gasto, al considerar que se acometen recortes sociales mientras se mantienen gastos que no deberían ser considerados como prioritarios para la sociedad, como es el caso de las dietas, las partidas protocolarias o la televisión municipal.

Por su parte, el concejal de Economía, Francisco Ledesma, dijo sobre los presupuestos que recogen "un aumento de las políticas sociales", que cifró en 21 millones de euros. "Estamos en un momento en el que hay que ser austeros, prudentes, pero también valientes", lo que, en su opinión, consigue el documento, ya que "no aumenta la presión fiscal a los ciudadanos", al igualar la subida de las tasas e impuestos con la previsión del IPC (3,6%).

Francisco Puentedura, concejal de Izquierda Unida, fue el más crítico con el documento, que a su modo de ver no reconoce uno de los principales problemas de las arcas municipales, la deuda municipal que ascendería a 335 millones de euros, de los cuales 173 corresponden a entidades financieras y 162 a diferentes empresas que padecen una situación en muchos casos "insostenible" por los pagos pendientes.