La oposición pregunta por qué se contrató a Urdangarin
Los grupos de la oposición quieren saber cuáles fueron las razones que llevaron a la Generalitat a contratar con la empresa de Iñaki Urdangarin sin ningún tipo de concurso público. La decisión del juez José Castro, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, de imputar al yerno del Rey tras el alzamiento del secreto judicial de la investigación por supuestas prácticas delictivas en el conglomerado de empresas del Instituto Nóos, provocó ayer todo tipo de reacciones.
Los socialistas, a través de la diputada autonómica Eva Martínez, reclamaron una "copia completa de los contratos y convenios suscritos por la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) con Nóos para la celebración del Valencia Summit". Martínez acusó al presidente de la Generalitat de incumplir su palabra porque se comprometió a ser transparente y, sin embargo, espera desde hace un mes una respuesta de la consejera Lola Johnson a una pregunta sobre esta cuestión.
Tirar de la manta
Compromís, por su parte, emplazó a tres exdirectivos de CACSA imputados en el caso, entre los que se encuentra Jorge Vela, actual director general del Instituto Valenciano de Finanzas, a "tirar de la manta". Enric Morera, portavoz de la coalición en el Parlamento valenciano, aseguró que "los miembros de la Administración autonómica implicados, que pueden estar inmersos en un delito de prevaricación, tienen que decir quién les ordenó que autorizaran el pago con facturas falsas a esta trama corrupta, porque lo que está claro es que alguien de arriba les ordenó que se pagara con dinero público de los valencianos un expediente de subvención con una documentación que todo apuntaba que era falsa".
Esquerra Unida también exigió conocer "cuánto dinero pagó la Generalitat" al instituto del duque de Palma "y quiénes fueron sus cómplices políticos". Ignacio Blanco, portavoz adjunto del grupo de EU, se quejó de la falta de información sobre los contratos y del oscurantismo del Gobierno valenciano al respecto, pero manifestó su esperanza de "poder acceder a esta información a través del sumario". Blanco estableció un paralelismo entre lo ocurrido en el caso Palma Arena en Mallorca con "la única diferencia de que en Valencia se pagó el doble que en Palma".
Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pidió respeto a la justicia.
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