Fabra acude al juez para conocer todos los detalles del 'caso Emarsa'

El fétido olor que desprende cada detalle que se conoce sobre la investigación del saqueo de Emarsa, la empresa metropolitana que gestionaba la depuradora de aguas residuales de Pinedo, ha forzado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a tomar cartas en el asunto. Primero autorizó una comisión de investigación en las Cortes Valencianas y ayer la Generalitat se personó como acusación particular en la causa en virtud de un acuerdo del Consell del pasado 2 de diciembre. Fabra tendrá acceso al sumario y podrá solicitar las diligencias que considere oportunas en un proceso en el que están imputados los máximos responsables de una empresa que estaba controlada muy mayoritariamente por el PP.

Fabra anticipó al pleno de las Cortes Valencianas que ejercería la acusación particular en el caso el 1 de diciembre. El movimiento del presidente de la Generalitat deja en evidencia tanto a Alfonso Rus, presidente de la organización provincial del PP, como a la alcaldesa de Valencia Rita Barberá, que han eludido cualquier decisión política en torno al caso.

Entre los imputados por delito societario, malversación de fondos y estafa continuada se encuentran el expresidente de Emarsa Enrique Crespo, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación provincial, y el exgerente Esteban Cuesta, que era presidente de la agrupación local del PP de Poblats de l'Oest, en Valencia.

Cuesta fue suspendido de militancia en el PP hace un mes, un año después de que estallara el caso, por decisión de la dirección regional del partido. Antonio Clemente, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, fue quien anunció la medida cautelar.

Barberá se había limitado a escurrir el bulto. "Está habiendo declaraciones ante el juez y será lo que diga el juez. Yo no tengo nada que decir", dijo la alcaldesa a mediados de octubre. La víspera de la suspensión de militancia de Cuesta, Barberá eludía cualquier responsabilidad al asegurar que ella no forma parte de la dirección del PP de Valencia.

Emarsa es propiedad de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi). Una asamblea en la que están presentes 51 Ayuntamientos controla la Emshi. El 77% de los 179 votos de la asamblea corresponden al PP. Solo la ciudad de Valencia controla 81 votos. Los socialistas suman 34 vocales en la asamblea.Los detalles que se desprenden de la investigación para esclarecer el saqueo de Emarsa, una empresa clausurada hace poco más de un año con un agujero contable de 17 millones de euros, apuntan relaciones sorprendentes.

Eva Marsal, expareja del director financiero de Emarsa, Enrique Arnal, está imputada en la causa por facturar a la depuradora a través de Grupo Mas (Management de Azafatas y Servicios) cuatro veces más de lo previsto en un contrato que preveía el "diseño de la estrategia de comunicación e imagen de Emarsa en eventos internacionales y nacionales" y "todo lo relacionado con la identidad corporativa de la empresa" o "la estrategia de posicionamiento de Emarsa en los medios de comunicación y redes sociales".

El juez requirió a Grupo Mas los detalles sobre su contabilidad, de los que se desprende que Orange Market, la antena valenciana del caso Gürtel, era proveedora de la empresa de Eva Marsal entre 2007 y 2009. La empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, sirvió al Grupo Mas servicios de "azafata de congresos" y "promoción de productos", según los libros de Grupo Mas.

Los mismos detalles contables revelan las buenas relaciones del Grupo Mas con diversas instituciones y empresas públicas. Grupo Mas, según la contabilidad de la empresa, fue proveedor entre 2007 y 2009 de los Ayuntamientos de Valencia, Castellón y Vila-real, de la Diputación de Valencia, de CACSA o de Ràdio Televisió Valenciana.

Las diligencias abiertas por el juez Vicente Ríos para investigar el posible concierto entre la cúpula de Emarsa (Enrique Crespo, presidente del consejo y consejero delegado; Esteban Cuesta, gerente; Enrique Arnal, director financiero; y Juan Carlos Gimeno, que fuera responsable medioambiental) y una trama de sociedades que mantuvieron relaciones con la empresa "para obtener, de manera continuada, un beneficio ilícito a costa de los fondos de los que la sociedad disponía para el ejercicio de su actividad", incorporaron ayer un nuevo imputado, Daniel Calzada Camacho, administrador único de la empresa Llar Calzada.

La empresa Llar Calzada contrató diversas obras menores con Emarsa entre 2004 y 2006 y facturó los servicios por precios sistemáticamente superiores a los pactados en el contrato previo, según detalla el juez en el auto.