La fiscalía propone la creación de un órgano para prevenir la corrupción

La fiscalía quiere poner coto a las corruptelas de la función pública con un plan de riesgos anticorrupción que verá la luz el año próximo con el respaldo sin tachas de Xunta y oposición. Abuso de poder, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y uso particular o partidista de información privilegiada son delitos que saltan una y otra vez a los medios de comunicación en investigaciones y procesos judiciales que han salpicado a políticos de todas las siglas y funcionarios de distintas instancias por toda la geografía gallega. Los casos Carioca, Orquesta, Campeón o Arena son el ejemplo más periodísticamente fresco de la cascada de imputaciones a cargos públicos que solo en casos muy contados han derivado en dimisión o cese.

Varela asegura que no tendrá un coste extra para las arcas públicas

Para atajar las prácticas corruptas que socavan el sistema democrático, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, propuso ayer al Parlamento gallego la redacción de un decálogo que denominó "plan de riesgos de corrupción e infracciones conexas" y que concitó el aplauso de los populares, de PSdeG y de BNG. El proyecto todavía carece de contenido, se redactará el año próximo y sigue la estela de otros países y comunidades como Cataluña, que lo planteó en 2009.

Varela, que compareció ante la Comisión de Xustiza para leer la memoria anual de la Fiscalía correspondiente a 2010, argumentó que del mismo modo que las empresas previenen riesgos laborales con un plan de seguridad, el ministerio público debe tratar de extremar el control y minimizar el margen de maniobra de los corruptos en la Administración cuyas intrigas delictivas, señaló, tienen "efectos perversos". El fiscal sostiene que este plan anticorrupción no tendría un coste extra para las arcas públicas y propone crear un órgano independiente que fiscalice esta tarea y controle las adjudicaciones públicas. Sobre el papel, el Consello de Prevención da Corrupción que propone el fiscal sería similar al Consello de Contas, e incluso sugirió una reasignación de funcionarios de este último hacia el organismo anticorrupción.

Varela reconoce que el sistema penal es "rápido" para juzgar al pequeño delincuente, "ladrones de bagatela y estafadores de esquina", pero admite que tropieza y se atasca con la "criminalidad compleja". En esta última categoría entran los delitos que han puesto en jaque a la justicia española, "demasiado lenta para juzgar a los defraudadores del erario público y los violadores de la inocencia del país", sobre los que la fiscalía quiere poner ahora el foco. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia expuso que los viejos delitos de corrupción se han reinventado "con sofisticados recursos financieros, administrativos y empresariales en áreas del sistema económico, urbanístico, ambiental, societario, funcionarial y político", y ha destacado que sus artífices están convenientemente asesorados por "profesionales especializados en evitar o hacer durar los procesos hasta el paraíso de la prescripción".

El plan anticorrupción de la fiscalía gallega ha convencido por igual a populares, socialistas y nacionalistas, que ayer no le pusieron otra pega que el hecho de que no se hubiera redactado ya. Paula Prado, del PP, aprovechó su intervención para afirmar que la nueva corrupción "se produce fuera de los despachos" para "el cobro de comisiones a cambio de influencias". La frase era un dardo envenenado contra el exministro de Fomento, José Blanco. La diputada popular no hizo alusión alguna a los casos que imputan a políticos del PP o cargos designados.

Los socialistas, por boca de Beatriz Sestayo, acogieron el plan con "suma satisfacción", aunque criticaron la "lentitud" en la tramitación judicial que deja los casos congelados en "una especie de limbo". La "demora excesiva" en la resolución de los casos también fue la única crítica de Tereixa Paz, del BNG, que aplaudió la propuesta de Varela.

El fiscal jefe asumió que hay "problemas estructurales" en el aparato judicial de Galicia que han desembocado, por ejemplo, en nueve años para la instrucción del Prestige. Además, señala el furtivismo, los incendios forestales y la violencia machista como tres puntos calientes de la justicia en Galicia, y descarta que aumentar el castigo resuelva la criminalidad juvenil. Varela también insistió ayer en la urgencia de reforzar la protección de patrimonio religioso gallego -el 80% del total- tras detectar frecuentes expolios en las iglesias rurales, secuelas del archiconocido robo de la catedral de Santiago del Códice Calixtino. Para ello, ha anunciado un manual de buenas prácticas para la seguridad en los templos.