Las deudas obligan a Pérez Giménez a solicitar el concurso de acreedores

La nefasta deriva económica que arrastran los laboratorios Pérez Giménez desde hace más de dos años ha abocado a la firma, perseguida por las deudas, a presentar un concurso voluntario de acreedores. La empresa, radicada en Córdoba y famosa por su calmante vitaminado, ha vivido un año rocambolesco en el que ha cambiado de manos, entre acusaciones y denuncias en los tribunales.

A pesar de todo, el sindicato CTA, representante de los 200 trabajadores con los que cuenta Pérez Giménez, es relativamente optimista. "Creo que vamos a salir bien del concurso", señalaba ayer el líder del sindicato, Francisco Moro. "Estamos pendientes de que se firmen varios contratos importantes. Hemos tenido reuniones con los administradores concursales y el administrador único, y parece que hay consenso en que se dé viabilidad a la empresa", continúa Moro. Ha habido retrasos parciales en el pago de nóminas, señalan fuentes sindicales.

La firma funciona a medio gas desde que en 2009 abriese nuevas instalaciones

La empresa, según explicó a Europa Press el secretario general de la Federación de Industrias y Afines de UGT-Córdoba, Pedro Téllez, "instó hace tiempo el concurso voluntario de acreedores, aunque no se ha declarado como tal hasta el pasado 20 de noviembre". Desde entonces, tres economistas y dos abogados, nombrados por el Juzgado de lo Mercantil, son los administradores concursales. "Según aclararon a los representantes de los trabajadores, actúan como meros interventores mancomunados, ya que son los gestores de la empresa, los mismos que instaron el concurso voluntario, los que siguen tomando las decisiones del día a día", añadió Téllez. "Todo el mundo asume que la empresa es viable, aunque en este caso con fiscalización del juzgado, en la confianza de que este sea el principio de la solución" para los laboratorios, según el sindicalista.

Pérez Giménez funciona a medio gas desde que en 2009 abriese unas enormes instalaciones en Almodóvar del Río. Más de tres hectáreas para una modernísima fábrica con la que la firma pensaba despuntar en el sector. Pero todo se torció debido a las deudas contraídas en aquella fuerte inversión. En junio de 2010 la familia que da nombre a la empresa la vendió a un grupo de inversores aglutinados en la sociedad catalana Tecris. El precio simbólico era un solo euro. A cambio, los nuevos propietarios se hacían cargo de los 49 millones de deuda que arrastraba la farmacéutica.

Con el cambio de dueños, la situación distó mucho de mejorar. Los trabajadores veían con preocupación cómo los pedidos bajaban en picado. Las modernas máquinas con las que cuenta la factoría apenas han funcionado al 20 o 25% durante este tiempo y el clima en la dirección, liderada por el administrador único, Jacinto Romeu, se enrarecía hasta extremos impensables meses antes.

Todo dio un giro inesperado cuando Sergio Martínez, un investigador de Pérez Giménez al que la propia firma compró dos patentes, se convirtió en socio mayoritario de la noche al día. Al tener acceso a los datos de la empresa, Martínez empezó a sospechar de maniobras turbias de Tecris en el cobro de subvenciones de la Junta de Andalucía. Martínez y CTA presentaron denuncias contra Romeu y otros dos administradores acusándoles de quedarse con parte de los 2 millones de ayudas de la Consejería de Innovación.