El fiscal del 'caso Astapa' recuerda a la Junta que debe aportar peritos

La Junta de Andalucía no puede seguir negándose a aportar técnicos para agilizar la voluminosa instrucción del caso Astapa, que investiga una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). El fiscal Anticorrupción Valentín Bueno ha advertido en uno de sus últimos escritos que la negativa a hacerlo es "inasumible" porque la legislación obliga a las entidades públicas a colaborar con los jueces y tribunales durante los procesos.

El juez Jesús Torres, encargado del caso, solicitó la ayuda de los técnicos de la Consejería de Hacienda en agosto. Los reclamaba para examinar las valoraciones de ocho convenios urbanísticos bajo sospecha.

Su petición se denegó amparándose en un apartado del artículo 95 de la Ley General Tributaria que acota la colaboración con jueces y tribunales a las resoluciones judiciales firmes. Anticorrupción no ha aceptado la negativa como respuesta y eleva el tono de la petición de un grupo de técnicos especializados para poder abordar con garantías los estudios de la enorme cantidad de documentación urbanística que se maneja en este caso.La Fiscalía Anticorrupción ha contraatacado insistiendo al juzgado que deben reclamar esos técnicos de nuevo, sobre todo, por el "retraso" que acumula el apartado del caso que examina los convenios urbanísticos suscritos en la ciudad, y entre los que se incluyen los acuerdos conocidos como Lamibra, Bahía de Estepona, Parque Central, Finca La Lobilla, Vistamar, El Rodeo, Arroyo Vaquero y La Galera.

Esos funcionarios, explica el fiscal, deben estar especializados en realizar valoraciones inmobiliarias, y al menos uno de ellos debe ser arquitecto. "Está plenamente justificado el requerimiento a la Administración tributaria de Andalucía, por ser la que gestiona el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y dispone de un cuerpo técnico de funcionarios especializados en valoraciones inmobiliarias", explica el ministerio público.

En el escrito, del 28 de noviembre, el fiscal Bueno da un repaso a la legislación que obliga a la Administración andaluza a echar una mano en este complejo caso que acumula 99 implicados tras cuatro años de compleja instrucción. Para empezar, subraya que el deber de cooperación "general" de las Administraciones públicas, entre la que se incluye la andaluza, viene contemplado en la Ley Órgánica del Poder Judicial, y que no solo afecta a las resoluciones judiciales, sino a todo "el curso del proceso".

Bueno añade que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "obliga a todos a acudir al llamamiento judicial para desempeñar el servicio pericial" y recuerda que el incumplimiento se sanciona "con medidas pecuniarias y legales". En último lugar recurre a la Ley General Tributaria, que la Administración andaluza utilizó como argumento para desestimar la primera petición judicial de ayuda, y se detiene al comienzo del artículo 95, el mismo que citaba la Junta, del que destaca "la obligación de toda Administración tributaria de colaborar con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación y persecución de delitos".

En una investigación tan compleja, el papel de los peritos judiciales es clave. Tras cuatro meses de espera, el juez instructor Torres ha conseguido que la Agencia Tributaria designe a un interventor para que revise siete contratos de obras y servicios adjudicados por el Consistorio esteponero entre 2003 y 2008. La petición se cursó al Ministerio de Hacienda el pasado agosto. Cinco meses después, el 2 de diciembre, la policía remitió al juzgado toda la documentación para que el técnico comenzara a trabajar. Entre las siete concesiones administrativas hay dos contratos de adjudicación del depósito de vehículos y grúa municipal, otro de recogida de basuras y la construcción y gestión del aparcamiento Zapallito. También se incluyen en este lote los expedientes de una serie de obras, como la reforma del Palacio de Congresos esteponero, la modificación de la Avenida Puerta del Mar, y otras contrataciones menores; además de la organización del II Congreso Mundial de Noticias, celebrado en octubre de 2007.