La República Checa retrasa entregar datos de los acusados

Dentro de las numerosas gestiones que asume el juzgado encargado de la instrucción del caso Astapa está la de tramitar las peticiones de información a juzgados de diferentes países sobre algunos de los implicados en el caso de corrupción municipal en Estepona (Málaga).

Estas comisiones rogatorias buscan principalmente averiguar si los imputados tienen bienes o dinero en otros países, sobre todo en paraísos fiscales, o si han utilizado a sus familiares para esconder incrementos patrimoniales difíciles de justificar.

La fiscalía de la República Checa ha contestado recientemente a las peticiones de información cursadas por el juzgado sobre el edil de la formación posgilista PES, José Ignacio Crespo de Lucas, su esposa Inmaculada Conde Fraile y María Jesús Fraile Jara. La respuesta, lejos de proporcionarle al juzgado la información que reclamaba, aporta más preguntas. Svetlana Kouckova, directora del departamento de asuntos internacionales pide al juzgado malagueño más información sobre las personas a las que deben investigar para determinar su grado de implicación en la trama.

Kouckova reclama, entre otros datos, fechas de nacimiento, domicilios, los delitos por los que está acusado cada uno de ellos, y el papel que cada uno desempeña en la "compleja red de corrupción municipal" de la que las autoridades españolas hablan en sus escritos. El juzgado del caso Astapa quiere saber si alguna de estas tres personas imputadas en el procedimiento posee propiedades en la Republica Checa y si mantiene conexiones con las empresas Fortius Global Investments y Mediterranea Real Estate.