El juez Ruz eleva a la Sala de lo Penal el recurso de Correa que pide la libertad

El tronco principal del caso Gürtel, la trama de corrupción que afecta al PP, ya está de vuelta en la Audiencia Nacional. Su instructor será Pablo Ruz, el juez que sustituyó a Baltasar Garzón, quien inició la investigación.

Ruz decidió ayer enviar de forma urgente a la Sala de lo Penal la documentación relativa al recurso de apelación presentado por el cabecilla de la trama, Francisco Correa, contra el auto del instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que denegó su libertad el pasado 3 de noviembre.

Al haber vuelto al caso a la Audiencia Nacional, debe ser su Sala de lo Penal y no la Sala de lo Civil y Penal del TSJM la que resuelva su petición.

El primer auto de Ruz sobre el caso Gürtel acusa recibo de toda la documentación del caso, enviada esta semana a la Audiencia. El traslado del recurso de Correa de forma urgente a la Sala se debe a que afecta a su situación personal de privación de libertad, por lo que debe ser resuelto por la sección correspondiente del tribunal de forma preferente. Además de Correa, también se encuentra en prisión el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, considerado el número dos de la trama.

Recursos sin resolver

El TSJM acordó el 30 de noviembre la suspensión de la causa tal y como se encontraba, sin resolver los recursos pendientes, tanto los que debe resolver el juez instructor como los que corresponden a la Sala. Antes de entrar a resolver los tres recursos de reforma que le corresponderían y de remitir a la Sala los otros cuatro de apelación pendientes, Ruz quiere saber si es él el competente para hacerlo. Por eso, antes de decidir, ha solicitado un informe a la Fiscalía Anticorrupción al respecto, que debe pronunciarse en los próximos días.

Las cajas con la documentación del caso volvieron a la Audiencia Nacional el pasado martes en un camión de mudanzas. Contienen todos los aspectos principales del sumario, como la administración judicial; medidas cautelares, la intervención de comunicaciones; la investigación sobre el Ayuntamiento de Jerez; las filtraciones del sumario; documentos sobre la empresa Castellana Inmuebles y sobre el funcionario de Alcalá de Henares (Madrid) Juan Antonio Camargo Muñoz, la parte de la investigación relacionada con Castilla y León. En total son 129 cajas con 671 tomos que contienen los más de 50.000 folios del sumario.