El Consell tuvo un déficit del 3,75% y perdió un 10,6% de ingresos en 2010

"La radiografía es una confirmación de la situación crítica existente", dijo ayer el Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, tras entregar al presidente de las Cortes, Juan Cotino, el informe de fiscalización de las cuentas de la Generalitat correspondiente al ejercicio de 2010. Un informe que revela cómo la Administración autonómica registró un déficit de 3.644 millones de euros, lo que supone el 3,57% del PIB valenciano, y un descenso del 10,6% en los ingresos (frente al 1,3% de aumento del año anterior), con un endeudamiento financiero de 12.577 millones de euros (frente a 9.333 de 2009) y un fondo de maniobra negativo que revela graves problemas de liquidez, ya que la diferencia entre el activo circulante y los acreedores a corto plazo alcanza los 8.808 millones de euros. Eso "ocasiona las consiguientes tensiones de tesorería", indica la Sindicatura de Comptes.

El Síndic denuncia el actual sistema de financiación autonómica

"La Generalitat sigue haciendo más con menos", afirma el consejero Vela

La situación es "de excepción, de tremenda gravedad", dice Jorge Alarte

En cuanto a la deuda sanitaria, uno de los principales escenarios de dificultades en las cuentas de la Generalitat, se imputaron 1.398 millones con cargo a presupuestos de 2011 a 2017, y se contabilizaron 1.343 millones pendientes de imputar a ejercicios posteriores, lo que se conoce como facturas en el cajón. Esta cifra supone un significativo aumento, ya que en 2009 las facturas de Sanidad guardadas en el cajón ascendían a 962 millones.

En lo que se refiere específicamente al gasto farmacéutico, que tantos quebraderos de cabeza causa al Consell, la Sindicatura detecta que 290,5 millones de euros correspondientes a las facturas de noviembre y diciembre de 2009 fueron imputados al ejercicio de 2010, mientras que de ese año quedaron 259,2 millones que se imputaron al presupuesto de 2011 y fueron pagados a lo largo del primer trimestre del año. Esos 31 millones de euros de diferencia dan pie al organismo fiscalizador a un cierto optimismo: "La disminución del saldo pendiente de farmacia es consecuencia de la reducción del gasto anual en concepto de recetas de farmacia de 2010, rompiendo la tendencia históricamente creciente de este gasto".

Queralt se limitó a comentar tras entregar oficialmente su informe que "el resultado presupuestario negativo es fruto del déficit de financiación" y destacó "la necesidad de revisar la financiación autonómica" para buscar "un sistema nuevo que permita salir de la situación". El Síndic de Comptes rechazó que la Generalitat tenga que ser objeto de un "rescate" y comentó que las cuentas sufren las consecuencias de "una crisis muy grande y de muchos años de deficiente financiación". Queralt recordó que la Comunidad Valenciana es la segunda por la cola, por delante de Baleares, en financiación porque no se ha visto adecuadamente recogido el aumento poblacional.

El titular de Hacienda y Administración Pública, José Manuel vela, se agarró a este último argumento para justificar el panorama poco halagüeño de las cuentas públicas. "La Generalitat sigue haciendo más con menos", dijo el consejero, que pidió al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que actualice la aportación de recursos destinados a la sanidad y añadió que trabajará "para que la inversión estatal llegue de una vez al peso poblacional de la Comunidad Valenciana". Este último aspecto fue recogido en una reforma de urgencia del Estatut d'Autonomia que apoyaron la legislatura pasada todos los grupos en las Cortes Valencianas. En ella se incluyó una cláusula de blindaje como las que el PP recurrió sin éxito en otros estatutos. La reforma está pendiente de aprobación en las Cortes Generales.

Sobre el déficit, Vela dijo que el pasado mes de julio se declararon idóneas las medidas de la Generalitat dentro de los planes de reequilibrio aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. También se refirió a las obligaciones no reconocidas en Sanidad, o facturas en el cajón, para asegurar que la solución consiste en arbitrar expedientes de enriquecimiento injusto, como se hizo en 2007 y 2008, lo que permitió reducirlas a un nivel "muy poco significativo".

Capítulo aparte merecen los compromisos de gasto de cara al futuro, que crecen de año en año y, sin embargo, en el informe de la Sindicatura de 2010 registran un descenso del 18,7% y se calculan en 26.109 millones debido a que se implantó un cambio en el criterio de estimación de los intereses, teniendo en cuenta el vencimiento de las operaciones vivas y no el de los programas financieros, como se había hecho anteriormente.

Para el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, que ofreció ayer una opinión de urgencia sobre el informe, a la baja calificación de la solvencia de la Generalitat que han otorgado las agencias se une la de la Sindicatura, que ha detectado "mala gestión, datos poco fiables y despilfarro". Según Alarte, "Alberto Fabra debería salir inmediatamente a decir qué va a hacer para atajar esta situación, que tras el informe del Síndic es oficial".

El secretario general del PSPV-PSOE y líder de la oposición consideró que la situación es "de excepción, de tremenda gravedad" y apuntó a una futura intervención del Gobierno de España, en un escenario que "compromete el futuro económico de otras generaciones". Alarte destacó del informe algunos datos: el fondo de maniobra negativo de 8.808 millones ("de partida, la mitad del presupuesto es impagable", señaló), el aumento de un 50% de los gastos sanitarios no reconocidos ("la deuda sanitaria sigue sumando y pendiente de pago", comentó), y la entrada de otras cuatro sociedades públicas en cifras contables que las sitúan en supuestos de disolución (se trata de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, Proyecto Cultural de Castellón, Aeropuerto de Castellón y Sociedad de Proyectos Temáticos de las Comunidad Valenciana).

Alarte anunció "una batería" de peticiones e iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones y no descartó "llegar hasta los tribunales si fuera necesario".

También la coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià, Marga Sanz, consideró que el informe muestra "un panorama sumamente preocupante". "La acumulación de facturas nos deja una sensación de incertidumbre sobre la deuda total", dijo la diputada, que añadió que el Consell de Fabra tiene la obligación de aclararlo.