El Parlamento preserva el consenso sobre la delegación del Guadalquivir

El Parlamento andaluz preservó ayer el consenso en torno al Estatuto de Autonomía aprobado en 2007 en referéndum y acordó por unanimidad una proposición de ley orgánica para la delegación de competencias sobre el Guadalquivir que se tramitará ahora en el Congreso de los Diputados, en el que el PP tiene una amplia mayoría absoluta.

La sentencia contraria del Tribunal Constitucional, dictada el paso mes de marzo, declaró nulo el artículo del Estatuto en el que se proclamaba que Andalucía tenía competencias exclusivas sobre las aguas que discurren por su territorio, cuando ya estaba gestionando el río. Para arreglar el entuerto hubo un parcheo administrativo en el que el Gobierno central encomendó de manera temporal la gestión del Guadalquivir a la Junta, pero los servicios jurídicos del Estado no hallaron ninguna fórmula legal que convirtiera lo efímero en definitivo. La única salida para solucionar este embrollo es que el Estado ceda esta competencia a la comunidad, utilizando para ello el artículo 150.2 de la Constitución.

El PSOE sospecha de la "traición" de los populares en el Congreso

La duda ahora es qué va a pasar en las Cortes, si el PP andaluz convencerá, como hasta ahora ha hecho, al equipo de Rajoy de que efectivamente se trata de una competencia con un alto valor simbólico para los andaluces, algo que repiten los políticos aunque no está claro que esta simbología la compartan los ciudadanos.

En este sentido, la portavoz del PP, Carolina González Vigo, dejó claro el compromiso del PP con el Estatuto de Autonomía, pero a la hora de votar los populares rechazaron o se abstuvieron sobre el contenido de siete artículos de una proposición de ley que consta de nueve apartados. "Estamos a favor de la tramitación en el Congreso, pero que esto no se entienda como aval a la gestión del agua del PSOE", señaló la popular. Al socialista Fidel Mesa, la ambigüedad de los populares le hizo sospechar que la iniciativa no tendrá éxito en la Cámara Baja y se preguntó si los conservadores "traicionarán a Andalucía" durante la tramitación en Madrid.

La gestión andaluza sobre el Guadalquivir se intentó blindar en la redacción del Estatuto que entró en las Cortes a través de dos vías: una era declarar la competencia exclusiva de la comunidad en el articulado y otra era incluir una disposición adicional por la que el Estado cedía a Andalucía cuatro competencias estatales. El grupo socialista en el Congreso tumbó esta última porque los constitucionalistas advirtieron que una autonomía no podía obligar al Estado a tomar una decisión que solo le compete a él.